Una sentencia reciente del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma ha anulado el contrato que hizo el ayuntamiento de Calvià para conceder la gestión de la radio municipal en 2009, cuando el alcalde era Carlos Delgado (PP). La magistrada considera que la tramitación se hizo "al margen de la legalidad", porque se eligió un sistema que no era el adecuado para la adjudicación (se optó por un procedimiento negociado sin publicidad) ni para la fijación del precio del contrato, que ascendió a 80.000 euros por cuatro meses de servicio.

En su argumentación, la juez sostiene que el trámite debería de haberse efectuado mediante un procedimiento abierto, en vez de realizarse con un sistema que, según dictamina, no dejaba de ser llanamente una "adjudicación directa" para encargarse de la programación de la emisora de municipal, así como de la explotación de la publicidad.

La adjudicataria fue la periodista Antonia Pastrana, quien en la actualidad dirige el área de Comunicación del ayuntamiento de Calvià. Hasta el 31 de julio de 2011, fecha en la que empezó a trabajar como cargo de confianza en el Consistorio, se encargó de gestionar Ràdio Calvià al hacerse con varios concursos abiertos y otros negociados sin publicidad.

La magistrada ha estimado el recurso que presentó en la pasada legislatura la oposición municipal socialista si bien, en la práctica, no tendrá ningún tipo de repercusión inmediata, porque, como declaró ayer el portavoz del PSOE local, Alfonso Rodríguez, han transcurrido ya tres años desde los hechos y el trabajo que estipulaba la adjudicación fue realizado. Eso sí, Rodríguez avanzó que, en vista de esta sentencia que declara nulo el contrato, los socialistas han decidido remitir a la Fiscalía otros expedientes de contratación realizados para otorgar la gestión de Ràdio Calvià desde el año 2005. La Fiscalía, apuntó Rodríguez, deberá determinar si hay indicios de delitos de "prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias". Desde 2005, ha habido 14 expedientes de contratación por un importe total de 1,4 millones de euros, según la información proporcionada por los socialistas a partir de datos municipales. Los socialistas incidieron ayer en los argumentos que ya expresaron en el recurso presentado en 2009 por su abogado Pablo Alonso de Caso. Primero, subrayaron que no estaba "suficientemente justificado" que se utilizase un procedimiento negociado sin publicidad, que sólo se admite en casos "excepcionales". La juez recoge esa línea argumental y rechaza la justificación ofrecida en su día por la corporación municipal, que se refugió en un "tema de plazos" para agilizar el proceso y garantizar la continuidad de las emisiones de la radio municipal.

Importe del contrato

Otro punto sobre el que debía de pronunciarse la sentencia era sobre la idoneidad del precio de la adjudicación, que ascendía a unos 80.000 euros (IVA incluido) por un expediente de cuatro meses. El recurso alegaba que se había fijado este importe "sin razonar en modo alguno qué precios de mercado se han considerado y comparado para así fijarlo". En referencia a este punto, la juez concluye que el expediente de contratación fue "absolutamente carente de motivación y al margen de la legalidad", no sólo por el procedimiento elegido, sino también "en la fijación del precio".