La inquietud se ha apoderado de la comunidad de vecinos del edificio de la avenida Lluís Alemany de Andratx sobre el que pende desde hace meses una orden judicial de derribo, como si de una espada de Damocles se tratase. Los residentes temen por sus hogares, y una frase pronunciada por uno de ellos resume su desasosiego: "Por sólo 10 metros, estamos viviendo un calvario", en alusión a la parte del inmueble que se ubica sobre suelo no urbanizable, motivo por el cual el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha decretado su ilegalidad.
Los residentes reaccionaron así a la noticia publicada ayer por Diario de Mallorca, que informó de que, a finales del mes pasado, el TSJB comunicó al ayuntamiento de Andratx que no iba a suspender la ejecución de la sentencia que obliga a demoler el inmueble. Requirió también que el Consistorio presente un plan de ejecución "con fechas concretas" para el derribo.
El hecho de que el proyecto de demolición pueda haber entrado en su fase final es motivo de preocupación entre los moradores del edificio, quienes, sin embargo, ayer se mostraban muy cautelosos a la hora de hacer algún tipo de valoración. Muchos de los testimonios consultados apelaban a la discreción y preferían mostrarse precavidos ante las posibles repercusiones de la ejecución del derribo.
En la finca, que cuenta con 18 viviendas y dos locales comerciales divididos entre tres plantas, se oían testimonios que se quejaban de la falta de información que sufren, pese a ser la parte más interesada en el futuro del inmueble donde viven.
De hecho, había personas que aseguraban que se habían enterado de los últimos pasos judiciales por la información publicada por este medio.
Críticas al denunciante
En lo que coincidieron muchos de los testimonios consultados fue en criticar la actitud del ciudadano particular que denunció la irregularidad urbanística al estar una parte del inmueble sobre suelo no urbanizable. "La culpa es suya, porque no quiere llegar a un acuerdo", aseguraba un vecino, que lamentaba la "falta de sensibilidad" mostrada por el denunciante desde el inicio del litigio.
Los residentes en la finca expresaron su intención de reunirse en breve con el regidor de Urbanismo del ayuntamiento de Andratx, Pep Toni Olivares (PP), con el objetivo de que les explique de primera mano cómo está actualmente la situación. Quieren informarse además sobre cuáles han sido los trámites efectuados por la casa consistorial a fecha de hoy.
Ayer, había residentes en el edificio que remarcaban el problema que les generaría un cambio de alojamiento si finalmente se ejecuta la demolición. Y, así, explicaron que en la finca habitan personas mayores y algunas, incluso, que no pueden valerse por sí mismas, por lo que su desalojo agravaría su situación personal.
Otros vecinos señalan que, después de años de pagar letras, ya tienen sus hipotecas saldadas con los bancos, por lo que dicen no entender la situación actual. No viven tranquilos ante la sentencia que pesa sobre el edificio.
La peculiaridad de la situación objeto de litigio -sólo una reducida parte del inmueble se encuentra en suelo no urbanizable- hace también que algunos se pregunten por qué sólo "por 10 metros tienen que vivir un calvario".
"Hemos sufrido durante dos décadas las irresponsabilidades urbanísticas y administrativas cometidas en su día por unos pocos. Y no es de recibo que ahora familias humildes y trabajadoras como las que habitan en esta comunidad tengamos que acarrear con los daños colaterales de esta sentencia", sostiene un habitante de la finca .
Ante la sucesión de acontecimientos judiciales de las últimas semanas, los vecinos también informan de que han pedido al presidente de la comunidad una reunión para tratar este tema que les afecta directamente.
La versión municipal
Desde el Ayuntamiento andritxol, se asegura que el equipo de gobierno "es consciente" del problema social que puede suponer el tener que ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears que pesa sobre el edificio. Así lo asegura el regidor Pep Toni Olivares, que subraya que el área de Urbanismo está trabajando intensamente en el caso.
Lo ideal, a su juicio, sería la alternativa de regular urbanísticamente la zona afectada por el litigio con una modificación en la normas subsidiarias del municipio, que están actualmente en tramitación.
Olivares reconoce además que el Ayuntamiento, llegado el caso, contempla la posibilidad de un plan de realojo de los vecinos afectados.
