El incumplimiento de una sentencia judicial en firme ordenando un derribo puede desembocar en una multa económica para los alcaldes con cargo a su bolsillo, como lo demuestran varios casos acontecidos en la isla.
Así le sucedió por ejemplo en 2009 al alcalde de Deià, Jaume Crespí (PP), quien fue condenado en abril de ese año por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) a pagar una multa semanal de 600 euros con cargo a su patrimonio personal.
El motivo de la sanción era que no había dado cumplimiento a una resolución judicial que obligaba a demoler las cuatro casas ilegales situadas en Llucalcari. Finalmente, la ejecución se llevó a cabo.
El caso de Sóller
Años atrás, en 2004, el alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), se enfrentó a un trance parecido por no llevar a cabo un expediente de restauración de legalidad urbanística. La resolución judicial estipulaba que el alcalde debería abonar 600 euros mensuales durante los tres primeros meses. Pasado ese tiempo, la sanción iría en aumento.
En la legislatura pasada, se habló también de la posibilidad de que la entonces alcaldesa de Palma, Aina Calvo, fuese multada por no ejecutar la demolición de 14 viviendas ilegales en Son Anglada, aunque finalmente la sanción quedó sin efecto.
