Un total de 535 viviendas y fincas del municipio de Llucmajor tendrán que adaptarse a la nueva normativa municipal del servicio de aguas y serán obligadas a instalar contadores individuales. Aunque esta disposición ya se incluía en una antigua ordenanza municipal de 1974, el nuevo reglamento que regula el suministro vuelve a repetir esa orden. Y es que ahora el equipo de gobierno llucmajorer, formado por el PP, se ha dispuesto hacer cumplir con esta obligación.
El nuevo reglamento fue aprobado en el pleno de marzo de este año por unanimidad y sin discusión de ningún regidor. En él se incluía una novedad, una disposición transitoria que decía que "la instalación de contadores divisionarios en cualquier inmueble o comunidad de propietarios deberá estar instalada y en funcionamiento a los seis meses de la entrada en vigor de este reglamento".
La norma tiene validez desde que se aprobó en el BOIB el pasado 5 de junio, por lo que los propietarios de las 535 fincas afectadas tienen hasta el 5 de enero para sustituir los medidores comunitarios antiguos bajo amenaza de una subida en las tarifas.
Aqualia, la empresa concesionaria de aguas, advirtió a los vecinos afectados a través del correo. En seguida, protestaron por dos motivos. Uno es que tenían poco plazo para adaptar los contadores y otro es que suponía un desembolso de dinero muy elevado, y más en tiempos de crisis
Más plazo para el cambio
El equipo de gobierno de Llucmajor está tratando de dar respuesta a esas voces críticas. Según confirmó el alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet (PP), en el pleno de finales de octubre se aprobará una modificación de la normativa que otorgará seis meses más para cumplir con la adaptación (hasta junio de 2013).
Además, los servicios técnicos del consistorio están estudiando si el pago se puede realizar de forma fraccionada. Según explicó ayer el ingeniero técnico municipal Mateu Ginard, las tasas que cobra Aqualia ascienden a unos 200 euros por la conexión y la adaptación de las baterías de contadores.
Los vecinos denuncian que los costes se disparan en las fincas antiguas, porque también han de hacer obras y buscar un lugar en el que situar los contadores. En algunos edificios han llegado a pedir 1.500 euros por vecino, lo que a ojos de la oposición municipal es "muy costoso en tiempos de crisis", según afirmó el regidor del PSM-Entesa, Miquel Àngel Serra, en el pasado pleno municipal.
En cambio, el equipo de gobierno del PP defendió la medida por razones de ahorro. Según los cálculos que detalló el ingeniero Mateu Ginard, los contadores individuales permiten un ahorro de hasta un 25% del consumo de agua, ya que "cada vecino se conciencia más de lo que gasta y no ha de pagar por lo que consumen los otros vecinos del bloque". "Con los contadores comunitarios paga lo mismo una vivienda con un residente que el piso donde viven 20 personas. Así, en cambio, cada vecino pagará lo que le corresponde", arguyó Ginard.
