­El Consell de Mallorca quiere ejecutar cuanto antes la orden de retirada de los obstáculos que dificultan el paso por la carretera vieja de Lluc a Pollença, una resolución emitida por la propia institución el pasado mes de mayo y que los propietarios todavía no han cumplido cuando han pasado cuatro meses desde su publicación en el boletín oficial.

Durante el transcurso de una reunión celebrada ayer entre la consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler, y la consellera de Hacienda y Función Pública, Margalida Roig, con representantes de las plataformas pro caminos públicos, la institución insular se comprometió a acelerar las acciones para restituir la legalidad en esta antigua carretera propiedad del Consell.

El objetivo es que las barreras hayan sido retiradas antes del próximo 25 de noviembre, fecha de una excursión reivindicativa convocada por las plataformas en la que, según anunciaron hace unos días, se tratarán de "restaurar las usurpaciones del dominio público" de la carretera vieja de Lluc a Pollença si los propietarios ni el Consell han iniciado el proceso antes.

Tras el encuentro, la consellera insular Margalida Roig anunció que en las próximas semanas se reunirán con los propietarios de las fincas en las que existen barreras que impiden el paso para "valorar su actitud" y comprobar "si están dispuestos a retirar las barreras".

"Vamos a pedirles la máxima colaboración", añadió. En caso contrario, el Consell "deberá actuar de conformidad con la Ley y los acuerdos adoptados, que obligan a recuperar la posesión de la carretera vieja de Lluc a Pollença".

"Fuera de plazo"

La responsable insular de Hacienda y Función Pública, el departamento del Consell que debe ejecutar el acuerdo, admitió que el cumplimiento de la orden "está fuera de plazo", ya que la resolución apareció publicada en el Boib el pasado mes de mayo y otorgaba un plazo de quince días a los propietarios para retirar los obstáculos, sin que éstos cumplieran la orden. "Nos gustaría que el próximo 25 de noviembre (fecha de la excursión reivindicativa) ya se pudiera pasar sin problemas por la carretera", apuntó Roig.

Recursos desestimados

Al recibir la notificación del Consell, los propietarios presentaron recursos que han sido desestimados por la institución insular. Recientemente, uno de ellos ha interpuesto un contencioso judicial contra la resolución. "La única posibilidad de que el Consell no ejecute el acuerdo es una orden judicial que diga lo contrario", añadió Margalida Roig.

Por su parte, Joan Crespí, representante de la plataforma Pro Camins Públics i Oberts, presente en la reunión junto a la asociación de Cavallistes, explicó que la reunión había sido productiva debido al "compromiso" de la institución insular de "hacer cumplir la orden de ejecución".

Las asociaciones reiteraron a las conselleras insulares su voluntad de organizar la llamada "excursión restauradora" tanto si los propietarios han retirado las barreras como si no. "En este caso, las quitaremos nosotros", indicó Crespí, que ofreció al Consell la colaboración necesaria para restituir la legalidad en el emblemático camino público.

En un escrito remitido hace unos días al Consell, las plataformas convocantes de la marcha del 25 de noviembre informaron de su intención de retirar los obstáculos en doce puntos diferentes del camino viejo de Lluc y en otros dos puntos de la carretera vieja construida a partir del año 1920.