La cámara espía instalada en el aparcamiento de Els Estiradors, que fue descubierta por miembros de Albaïna el pasado 18 de septiembre, fue instalada por el ayuntamiento de Sóller. Así lo reconoció ayer el alcalde Carlos Simarro (PP), quien en una rueda de prensa leyó un comunicado en el que asumía "toda la responsabilidad" sobre la colocación del dispositivo oculto de seguridad.
Simarro manifestó que esta actuación se llevó a cabo en el marco de "un complejo plan de investigación, secreto y reservado", que tuvo como finalidad "descubrir los culpables que atentaban contra los parquímetros y preservar así el patrimonio y los bienes públicos". En aquellos días, la Policía investigaba también quién había incendiado el coche particular del alcalde solleric, lo que desembocó en la detención de dos jóvenes de la localidad.
El munícipe quiso subrayar que la instalación del equipo se llevó a cabo "dentro de la legalidad", que él dio la orden de colocarla y que la de los Estiradors es la única que se instaló. El alcalde no quiso revelar los detalles de la investigación que promovió ni tampoco quién colocó la cámara ni quién recibió las imágenes.
El edil reiteró que su activación fue "legal" y que la visualización de las imágenes se realizó "de forma confidencial, reservada, secreta y garantizando el anonimato de las personas que aparecían en ellas". Añadió que el uso de la cámara fue "puntual y garantizando siempre la privacidad de los ciudadanos e indudablemente amparada por la legalidad".
Acción judicial contra Albaïna
El alcalde concluyó su intervención anunciando acciones penales contra los miembros de Albaïna que descolgaron la cámara por entender que cometieron una "intromisión" en una investigación oficial que ha tenido que "suspenderse". Aseguró además que la Policía actuó de forma "muy prudente" con los miembros de este colectivo que descubrieron la cámara. "A mi juicio, los deberían haber detenido por haber violentado y sustraído una propiedad municipal, porque Albaïna cogió la justicia por su mano", declaró.
La versión del alcalde contrasta con las afirmaciones del jefe de la Policía Local, que el día en que se descubrió la cámara de seguridad negó que la colocación de la cámara fuera por orden de la Policía. Aseguró también que lo desconocía. En estos hechos, el responsable de la Policía ordenó identificar a los miembros de Albaïna y a los periodistas convocados en la rueda de prensa y animó a entregar el equipo de espionaje a la misma Policía o a la Guardia Civil. Simarro justificó la decisión de colocar el equipo tras los cerca de 50 actos de sabotaje que habían sufrido los parquímetros entre los meses de julio y septiembre. También lamentó que la instalación del equipo "haya suscitado mayor polémica que la quema de mi coche y la destrucción de parquímetros", de los que, afirmó, su reparación asciende finalmente a unos 60.000 euros.
El alcalde de Sóller echó mano a la normativa para reiterar que la colocación de la cámara fue "totalmente legal" y que "no requirió la instalación de ningún cartel informativo al tratarse de un recinto municipal". Insistió también en que el objetivo "fue el de coger el responsable de los actos vandálicos contra los parquímetros". Tras dejar en el aire las preguntas de los periodistas, el alcalde se ciñó a afirmar que él mismo dio la orden de "hacer todo lo necesario para atrapar a los que cometían los actos vandálicos".
