El 78,3% de los inmuebles que deben pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) antes del 31 de diciembre de este año todavía no ha entregado el acta obligatoria, por lo que tienen tres meses de plazo. De las 2.986 edificaciones de Palma construidas antes de 1940 y, por tanto, que requieren realizar la citada auditoría, la han hecho 650 edificios, según explicó el concejal de Urbanismo, Jesús Valls, el martes en una rueda de prensa. También informó de que su departamento incrementará en ocho el número de funcionarios que se dedicarán a controlar si las inspecciones obligatorias han sido llevadas a cabo.

Si no es así, los propietarios de las viviendas infractoras recibirán una sanción de 600 euros, como advirtió el concejal. Por ahora, más de 3.000 edificios de Palma se encuentran en la ´lista negra´, lo que supone entre 18.000 y 25.000 titulares de pisos.

Valls recordó que es obligación de las comunidades de vecinos la contratación de un técnico para que elabore un informe sobre el estado del edificio. El consistorio es quien recibe este documento y lo aprueba o rechaza.