Las sentencias en contra por decisiones tomadas hace años se acumulan en el ayuntamiento de Bunyola, que también podría tener que hacer frente al pago de más de 600.000 euros en concepto de indemnización a una empresa funeraria por haber otorgado una licencia de actividad a otra cuando la primera tenía la concesión. Los hechos se remontan a 1990 cuando por acuerdo del pleno se concedió una licencia de actividad a la funeraria de Pedro Garau. Otra empresa, la de Pedro Sastre, disponía de la licencia desde 1988 y estaba obligada a pagar un cánon y disponer de vehículos y local en el pueblo, condiciones que no se exigieron a la nueva concesionaria. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma reconoce los perjuicios ocasionados a la primera concesionaria y acuerda una indemnización que podría alcanzar los 629.000 euros. El alcalde, Jaume Isern, ha explicado que el consistorio ha interpuesto recurso de casación contra esta sentencia y se ha mostrado "más esperanzado" que con la de Can Nadal ya que podría rebajarse la indemnización porque ésta se ha calculado en base al precio del total de difuntos en esos años y no a lo que dejó de ganar la empresa.
