La plataforma Mallorca Lliure de Peatges se quedó sin poder organizar la cacerolada prevista para ayer por la mañana, porque la Delegación del Gobierno la prohibió alegando que los motivos justificados no revestían "urgencia". La entidad, que al final llegó a congregar unas 40 personas, llevó a cabo una asamblea en el patio del teatro Victoria para decidir las estrategias futuras a seguir.

El portavoz de la plataforma, Marc Carriquí, se mostró contrariado por la prohibición que le fue comunicada el viernes a través de un correo electrónico. Por ello aseguró que "desde que está José María Rodríguez en la Delegación se han vuelto muy severos y nos exigen cada vez más requisitos para poder llevar a cabo protestas que son para que la gente se pueda expresar".

En su opinión "para Rodríguez no es una prioridad que la gente se manifieste". Según explicó este portavoz, en el escrito remitido por la Delegación del Gobierno se dice que "no hay motivos de urgencia para montar el dispositivo de seguridad" un hecho que, según Carriquí, "carece de sentido teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores, además de que no ha habido incidentes, la presencia de agentes se ha limitado a unos cuantos policías locales" La solicitud que fue denegada fue tramitada el jueves.

Ante la falta de autorización, la plataforma optó por llevar a cabo una asamblea en el teatro Victoria. Al haberse corrido la voz de que no habría protesta en la plaza de la Constitución la afluencia de personas fue significativamente menor. Unas 40 tomaron parte de la reunión en la que se dio lectura al manifiesto previsto para leer durante la protesta.

En el manifiesto la entidad puso de relieve que "empresas forasteras nos cobran para ir a Sóller". También se dijo que hasta que se constituyó la plataforma y ha llevado sus acciones reivindicativas "ningún consistorio de Sóller había solicitado el rescate del túnel", aunque, eso sí, aseguraron que había sido de una forma un tanto tibia porque era "papel mojado". El manifiesto también se hizo eco de que las sanciones impuestas a los participantes del ´No vull pagar´ del 20 de mayo "no nos dan miedo" por lo que "continuaremos con la campaña".

Tras esta lectura, Carriquí tomó la palabra y aseguró que la plataforma "viene siendo perseguida por los gobiernantes actuales" y que "pagando dos meses no nos van a callar". Este portavoz aseguró que "los políticos nos criminalizan, coaccionan, amenazan y nos sancionan para defender nuestros derechos".

Marc Carriquí explicó que la entidad que representa organizará nuevos actos de "desobediencia civil" para reclamar el rescate del túnel.