Las obras de rehabilitación integral del histórico casal de Can Domènech de Alcúdia que se iniciaron hace un mes para su adecuación como sede del consorcio de la ciudad romana de Pollentia corren serio peligro de paralización por falta de fondos económicos después de que tanto el Govern como el Consell no hayan hecho efectivas sus respectivas aportaciones este año, tal y como se descubrió en la última reunión del consorcio.

La alcaldesa de Alcúdia, Coloma Terrasa (PP), expresó ayer su "sorpresa" y "preocupación" ante el "peligro" de que las obras, cuya ejecución es de un año, puedan interrumpirse porque, a su entender, los anteriores ejecutivos del Govern y el Consell de Mallorca cometieron "irregularidades" en la firma del convenio firmado en octubre de 2010 entre las tres instituciones que forman parte del consorcio (Govern, Consell y Ayuntamiento) y en el que se fijaban las cantidades a aportar por parte de cada administración. De los 1,35 millones de euros que cuesta la reforma, un sesenta por ciento es aportado por el ministerio de Vivienda, mientras que el cuarenta por ciento restante es repartido a partes iguales por Ayuntamiento, Govern y Consell, que en 2011 debían aportar cada uno la cantidad de 111.685 euros y otros 68.632 euros en 2012. Por ahora, sólo el Consistorio ha cumplido con la entrega del dinero.

Terrasa explicó que el Govern y el Consell han suspendido la aportación económica por las "irregularidades" detectadas en la firma del convenio. Por parte del ejecutivo autonómico, según la alcaldesa, el anterior conseller de Cultura, Bartomeu Llinàs, "firmó sin los informes preceptivos ni las autorizaciones pertinentes y sin la partida presupuestaria".

Por su parte, el Consell ha elaborado un informe en el que se advierte que el convenio firmado en la pasada legislatura por el anterior conseller ejecutivo de Cultura, Joan Font, "es nulo de pleno derecho" debido a que el conseller era "incompetente" para autorizar la partida económica, trámite que correspondía al consell ejecutivo de la institución insular. Por ello, el Consell deberá tramitar de nuevo la concesión de la subvención, a pesar de que el Ayuntamiento reclama que sea a través de la figura de aportación económica porque no está sujeta a plazos para la entrega de certificaciones.