El ayuntamiento de Manacor no puede hacer frente al coste económico ni humano, necesario para tramitar y cobrar las multas procedentes de infracciones realizadas por coches de alquiler. Los números son claros: en el último año y medio, más de un millar de expedientes (con sanciones económicas que van desde los 30 hasta los 300 euros) se hayan quedado en un cajón dadas de baja. Sin ir más lejos, tan sólo durante el mes de agosto, hasta 90 arrendatarios hayan quedado impunes de sus faltas al volante y el consistorio falto de un ingreso necesario.
El mayor inconveniente, además de la falta de agilidad del servicio de recaudación municipal admitida desde el propio Ayuntamiento, está en el coste poco compensatorio de tener que emitir y enviar una multa al extranjero, y la duda legal de saber si se debe multar al conductor o al dueño del vehículo, en este caso los concesionarios de rent-a-car.
"Hace tiempo que estamos preocupados" redunda el alcalde Antoni Pastor (PP), "estamos estudiando diversas posibilidades mientras el servicio no pueda ser mejor". La principal por ahora, la de inmovilizar los vehículos mediante cepos u otros métodos de retención y la de trasladar personal de la Policía Local al edificio consistorial para acelerar trámites.
Informe urgente
El propio alcalde ha confirmado que solicitó hace dos meses al secretario municipal, Antoni Benlloch, la redacción de un estudio detallado sobre la legalidad de las fórmulas más eficaces para el cobro, estudiando incluso la posibilidad de externalizar el cobro mediante la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
"Son ingresos muy importantes en estos tiempos de crisis como para echarlos a perder", constata el portavoz del PSM-IV-EN, Sebastià Gaià, quien apunta a un mal menor momentáneo: "si no es posible por razones burocráticas hacer pagar a infractores extranjeros, por lo menos sí que se podría empezar por los de nacionalidad española, abordando en último caso al propietario real del vehículo que es la empresa".
"Es cierto, no somos eficaces en este sentido y esto hace que nos podamos plantear ofrecer el cobro a la ATIB, pero ya digo que hace falta esperar al informe", subraya Pastor. Para el líder y único regidor de Esquerra en el Ayuntamiento, Joan Llodrà, el coste no debería ser un escollo: "sé que no podemos hacer que cueste más sa corda que es bou, pero habrá que encontrar un solución alternativa".
El mayor porcentaje de infracciones en las que incurren los conductores de vehículos de alquiler, están relacionadas con el mal estacionamiento en zonas azules de Manacor y Porto Cristo, cuyas multas precisamente aprobó incrementar el pleno municipal del pasado lunes, de los 25 hasta los 60 euros, rebajados en un 50% si la sanción es abonada en el mismo momento.
"La subida puede ayudar a disminuir los casos pero entiendo que la ORA tiene ahora mismo en Manacor sólo un afán recaudatorio y no agiliza la movilidad en el casco urbano, tampoco en Porto Cristo", señala Llodrà, quien abogó en la sesión ordinaria su eliminación completa.
El parking de Porto Cristo
Otro tema relacionado, es la situación legal del aparcamiento público situado cerca de la zona de marcha de Es Carreró de Porto Cristo, en el lado sur del polémico puente del Riuet. Los 3.800 metros cuadrados de terreno fueron alquilados hace unos años, con dinero del Pla Excel·lència; actualmente cuestan a las arcas municipales 19.000 euros al año.
El problema, denunciado por Esquerra, está en que 1.000 de esos metros se encuentran en suelo rústico, y por tanto inadecuado para aparcar; lo que hace que ninguna de las 1.500 plazas estén señalizadas y los conflictos nocturnos a la hora de sacar el coche del solar, no puedan ser en mucho casos resueltos por la grúa ni por la Policía, debido al vacío legal.
