Ya es oficial. La edición de ayer del BOIB publicó el acuerdo del Consell de Govern aprobado el pasado 25 de febrero mediante el que se ampliaba el ámbito de protección del parque natural de s´Albufera de Mallorca con la figura de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La medida imposibilitaría la construcción del campo de golf en la finca de Son Bosc, anexa al parque natural, ya que gran parte de los terrenos en los que se proyectaba la infraestructura están afectados por la nueva protección.
El acuerdo del Govern, a instancias de la conselleria de Medio Ambiente y Movilidad, amplió la zona ZEPA de s´Albufera en 64 nuevas hectáreas que incluyen buena parte de los terrenos afectados por la construcción del campo de golf, además de las fincas vecinas de Ca n´Eixut, el Prat de Son Serra y el entorno de la depuradora Muro-Santa Margalida. Las 64 nuevas hectáreas protegidas por su elevado valor ornitológico se suman a las 2.135 hectáreas con las que la zona ZEPA contaba antes de la ampliación.
Normativa de rango europeo
La figura de la ZEPA es una protección contemplada en la normativa europea. De hecho, una vez aprobado el acuerdo del Govern del pasado mes de febrero, la conselleria de Medio Ambiente ya puso en conocimiento de la nueva protección al ministerio de Asuntos Exteriores para que, a su vez, comunicara el acuerdo a la comisión europea.
Esta circunstancia es considerada como fundamental para los detractores del campo de golf de Son Bosc debido a que si el Govern entrante tras las elecciones de mañana domingo tuviese la intención de derogar el acuerdo del consell de Govern debería rendir cuentas ante la comisión europea y justificar muy bien los argumentos para dar un paso atrás en la protección de la zona, según han señalado diversas fuentes. En febrero, el conseller de Medio Ambiente, Biel Vicens, ya calificó de "irresponsabilidad" la posibilidad de que el futuro Govern, sea del color que sea, "derogue una normativa de rango europeo".
La construcción del de campo de golf de Son Bosc se encuentra paralizada desde el mes de septiembre de 2010, cuando la Guardia Civil tuvo que intervenir después de una denuncia de la Conselleria que acusó a la empresa promotora de realizar movimientos de tierra en la zona sujeta a restricciones por la tramitación de un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y de la figura de la ZEPA.
