La Asociación de Vecinos del Port de Pollença reaccionó ayer a las acusaciones de irregularidades en la concesión de las playas con un comunicado en el que defiende su "compromiso" con las playas y recuerda que el colectivo "nació por iniciativa de los comerciantes del municipio" y que, junto a otros empresarios turísticos y el ayuntamiento de Pollença "decidieron empezar a poner camiones y camiones de arena pagados de sus bolsillos sobre las piedras del litoral para convertirlos en las actuales playas que disfrutan miles de turistas".
Por otra parte, la asociación anunció que mañana lunes interpondrá una demanda judicial por difamación y calumnias contra el edil de Alternativa per Pollença y candidato a la alcaldía por esta formación, Pepe García, por haber solicitado la intervención de la Fiscalía para investigar la presunta explotación de las playas por parte de la asociación vecinal sin que el Ayuntamiento haya aprobado la adjudicación del servicio.
Según Miquel Cifre, presidente de la AAVV, las afirmaciones de García "afectan a nuestra imagen como asociación y a los 995 socios que la integran". A su entender, "es impresentable que en campaña electoral un partido minoritario pretenda llamar la atención lanzando tales acusaciones difamatorias".
El colectivo, que tradicionalmente ha asumido la gestión y la explotación de las playas de la localidad costera, cree que esta cuestión "es muy sensible" para la población del Moll y que las playas "son, sin duda alguna, parte primordial de la economía local y de la imagen turística del municipio". La AAVV se declara "a la espera" de la resolución definitiva del Ayuntamiento sobre la concesión de las playas.
Cabe recordar que el Consistorio ha propuesto a la asociación como adjudicataria de diversos servicios playeros a pesar de que el interventor y la secretaria municipal informaron en contra por no haber presentado toda la documentación exigida en el pliego de condiciones. Una empresa que opta a la explotación de dos playas del Moll ha reclamado la exclusión de la AAVV por incumplir el pliego, y ésta ha alegado que aquella entidad mercantil también debe ser expulsada por presuntas deudas a las instituciones públicas. El Ayuntamiento está a la espera de resolver las alegaciones de las dos partes antes de decidir la adjudicación definitiva de los servicios.
El colectivo de vecinos subraya que es una entidad "sin ánimo de lucro que siempre se ha regido por criterios del interés general" y recuerda que durante el invierno ha mantenido y limpiado las playas del puerto "pese a que la obligación formal terminaba el 31 de octubre".
