Francisco González Benito, nacido en Valladolid, es secretario del ayuntamiento de Petra desde 1999, por concurso unitario de méritos. En sus primeros años en la localidad del Pla ya mantuvo serios rifirrafes con el equipo de gobierno municipal, del PSM, liderado entonces por el alcalde Joan Font Massot. Su plaza, aún hoy, es objeto de controversia. Denunció a Fiscalía y al juzgado de instrucción un presunto caso de acoso laboral en su contra. Se archivó. Ahora, con la nueva alcaldesa nacionalista, Catalina Mas, tampoco se muerde la lengua. "Es bueno decir la verdad, las cosas por su nombre, y no soy de la cuerda ni del gobierno ni de la oposición".

–¿Cuáles considera que son los asuntos más peliagudos de Petra?

–El control urbanístico, la falta de un mayor cumplimiento de la disciplina, y el orden económico. No se ingresa todo lo que se debería y se gasta más de lo presupuestado. Hay mala liquidez. La contabilidad no es muy fiable.

–¿Cómo se definiría?

–Me considero un funcionario público independiente. Me comprometí a guardar y hacer guardar la Constitución. Yo al menos me lo tomo en serio. Lamentablemente esto no se lleva mucho.

–¿Siente que no se trabaja con eficacia y sentido común en Petra?

–He notado que se dejan caducar expedientes, que existe cierta mano invisible. A veces no se cobran determinadas sanciones económicas pese a haberse desarrollado las pertinentes tramitaciones e impuesto las multas. El Ayuntamiento deja de ingresar cantidades económicas, por lo que podría haber malversación de caudales públicos. Desaparecen expedientes en fase de resolución, dejándolos caducar. Es un problema, evidentemente.

–¿Ha recibido quejas de urbanismo?

–Vecinos me han hecho llegar sus quejas por agravios comparativos, esto es un posible delito, competencia del fiscal de turno. Me comunican por ejemplo que hay varias obras ilegales en el Camí de Bonany, o que a ellos les abren expedientes por infracciones urbanísticas y a otros incomprensiblemente no, o que finalmente no se han cobrado multas a según quienes...

–¿Y usted no puede corregir el rumbo?

–Yo, cuando vea delitos flagrantes públicos los denunciaré, igual que hacen los ciudadanos. Noto negligencia, que se bordea el delito, que se hacen desaparecer cosas, se distraen, presunta falta de custodia en documentos públicos. Aunque faltan las pruebas.

–¿Cuestiona el papel de la justicia?

–Cuestiono la justicia penal en particular, por mi experiencia personal frustrante.

–¿Qué señala la Sindicatura de Cuentas?

–Según la Sindicatura de Cuentas, Petra no es, de los pueblos de su tamaño, de los peores. De la tónica general del interior. Creo que la fiscalización no es precisamente dura, aunque ahora se haya puesto más las pilas.

–¿Puede detallar algunos expedientes abiertos en base a las ordenanzas del botellón o la de residuos, pecata minuta, que finalmente no se hayan cobrado las multas?

–No me consta que se hayan cobrado unas tres multas de este año, de entre 500 y 750 euros, por orinar en la vía pública, u otra de unos 800 euros a un joven de Sineu que, borracho, durante las fiestas, dañó una valla metálica y presuntamente una señal de tráfico. No se han cerrado dichos expedientes.

–Capítulo aparte el de un hombre, residente fuera de Petra, que forzó la puerta del Punt Verd.

–Este hombre está en paradero desconocido, y la sanción de 1.500 euros, también en fase de tramitación. Se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).

–¿Cómo calificaría la ordenanza llamada popularmente del botellón?

–Inconstitucional. Se persiguen formas de entender el ocio, en vez de sancionar directamente por daños a mobiliario urbano o al medio ambiente, o por residos o exceso de ruido. Se afecta a la libertad individual. El derecho a la reunión forma parte de la vida. Es discriminatoria respecto a los daños que hace gente con motos, humo, ruidos, sin hacer precisamente botellón.

–¿Con el cambio de posesión de la vara de mando han mejorado las relaciones?

–Algo mejores ahora con Catalina Mas. Son un poco más fluidas.