El ayuntamiento de Algaida ha aprobado en pleno la nueva ordenanza reguladora de la tasa de recogida y tratamiento de basuras. La medida supondrá desentenderse en este aspecto de la Mancomunitat del Pla e introducir una serie de factores que reduzcan entre un 30 y un 45% la cuota, dependiendo del grado de reciclaje efectivo de cada vivienda del municipio.
La nueva normativa, que pretende premiar a aquellos vecinos que reciclen más y de una manera más efectiva, destaca por la implantación del programa de fomento del reciclaje conocido como Inspección Técnica de Residuos (ITR), para todas las viviendas en suelo rústico y urbano. Sin dejar de lado la futura aplicación de la bolsa roja para aquella basura no reciclable. Todos aquellos contribuyentes que se adhieran al programa ITR podrán obtener hasta un 30% de reducción de la tasa en casas situadas en terrenos urbanos, y de hasta un 45% de rebaja en viviendas ubicadas en rústico.
Las cuotas base, respecto a la ordenanza de la Mancomunitat del Pla que se aplican en 2010, se incrementan de 165 euros para los domicilios en suelo rústico y urbano, hasta un gravamen de 171,60 euros.
Si la vivienda se integra en el programa ITR, los precios se reducirán hasta los 120,12 euros para viviendas en urbano y 94,38 para las rústicas. Asimismo, el Ayuntamiento ha anunciado que aplicará un sistema de cuota variable para los negocios, que permitirá ajustar la cuota a todos los que también se involucren en la reducción de sus deshechos.
Tensión con la Mancomunitat
Esta nueva ordenanza de basuras viene dada a raíz del acuerdo plenario de la Mancomunitat del Pla, del pasado 2 de septiembre, y que obliga a sus ayuntamientos a implantar cada uno su propia normativa. Precisamente el jueves noche, el pleno de Algaida acordaba interponer un recurso contencioso administrativo contra la decisión mancomunada.
El alcalde algaidí, Francesc Miralles (PSOE), ya votó en contra en el mismo pleno del pasado septiembre, al considerar que "no se pueden tomar decisiones sin tener en cuenta los trámites legales y sin tener un consenso entre todos los alcaldes del Pla.
