El ayuntamiento de Manacor aprobó ayer habilitar un crédito extraordinario de 955.185 euros para hacer frente a la demolición del puente elevado del Riuet de Porto Cristo, en el caso de que finalmente se cumpla el último auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) y que estipula que los trabajos de demolición deben iniciarse antes del 15 de enero de 2011.

La corporación municipal, que ya presentó el proyecto de derrumbe ante el TSJB, paralelamente a un segundo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en septiembre, no quiere "dejar de cumplir con nuestras obligaciones ante la Justicia y tener el dinero a punto por si tuviéramos que necesitarlo" señaló ayer el regidor de Hacienda local Llorenç Bosch (PP), quien advirtió que "es algo de lo que nos responsabilizamos pese a que fuera una obra iniciada en tiempos del pacto de progreso de Manacor".

Lo que encendió los ánimos del ayer portavoz de la coalición PSM-Esquerra-Verds, Joan Llodrà, que recordó que "estrategias como la de aprobar en el Parlament una Ley a medida, o el hecho de ir a visitar al juez a su despacho para salvar el puente, no favorecen la defensa del Ayuntamiento". Ninguno de los grupos de la oposición votó a favor de la propuesta, pese a que todos defendieron la necesidad de conservar la infraestructura.

Reforma de Can Bauçà

Por otra parte en el pleno de ayer también se aprobó iniciar un expediente para modificar de crédito ordinario a extraordinario, una partida de 610.697 euros para rehabilitar la planta baja y los dos primeros pisos del polémico edificio de Can Bauçà, en el centro de Manacor, para su futuro uso como oficinas municipales. Con el dinero se quiere, a su vez, reforzar la estructura en la zona del inmueble que se comunica con la calle des Convent, y que según un informe técnico de hace un año y redactado por el propio arquitecto municipal, necesita ser apuntalada.

Can Bauçà fue adquirido por el Consistorio comandado por el PP durante la anterior legislatura por 900.000 euros. El PSOE ya ha presentado una demanda judicial para que se aclaren los términos y las pautas de su compra.