Un grupo de alcaldes de municipios del Pla de Mallorca solicitaron hace unos meses por escrito a la Mancomunitat del Pla la realización de una auditoría económica al sospechar de la existencia de un déficit millonario generado por el servicio de recogida domiciliaria de residuos, que asciende a unos seis millones de euros, una cifra de la cual "nadie había informado en la Mancomunitat", según explican fuentes municipales.

Esta elevada deuda ha motivado que la Mancomunitat aprobase en septiembre que cada uno de los ayuntamientos decida su propia ordenanza de residuos en función de sus índices de reciclaje, lo que implicará una subida generalizada en las tasas de residuos. La decisión ha generado un gran descontento en algunos municipios del Pla. En algunos casos, como en Algaida, se ha decidio denunciar la decisión de la federación de municipios al considerar que no se ajusta a derecho.

En una carta firmada por los alcaldes de Sineu, Lloret, Llubí, Petra, Santa Eugènia y Sencelles, y apoyada posteriormente por el resto de ediles, los munícipes solicitaron a la Mancomunitat del Pla la convocatoria de una sesión extraordinaria para debatir sobre el estado económico de la Mancomunitat y sobre la recaudación de la tasa de los residuos en particular. También solicitaron una auditoría económica para conocer todos los detalles del déficit existente.

La auditoría no llegó a realizarse, aunque la contratación de un gerente permitió conocer el nivel de la deuda económica.