El regidor y futuro candidato a la alcaldía de Petra por el PP, Martí Sansaloni, criticó ayer la próxima desclasificación de los terrenos del frustrado polígono industrial de Son Dalmau y su transformación en suelo rústico. "Todo el mundo sabe que la alcaldesa, Catalina Mas, vive justo al lado y no le interesa tener un polígono al lado. Sería mejor que en lugar de trasladar esos metros a una nueva área de servicios dentro del pueblo como pretende en PSM, el Govern promocionara los 60.000 metros cuadrados de su propiedad en el propio Son Dalmau, porque si no, será imposible que ningún empresario pueda hacer frente a la compra de solar alguno".

Cabe recordar que en tiempos del ex alcalde Martí Santandreu, Govern y Ayuntamiento proyectaron el polígono, pensando en el asentamiento de una fábrica japonesa de bombillas halógenas, que no llegó a materializarse.

Asimismo, el edil conservador recordó que "la nueva zona del Cós transformará en legal la ferretería copropiedad del marido de la alcaldesa, afectada actualmente por un expediente sancionador".

La nueva alcaldesa dijo sentirse "muy tranquila" con respecto al proceso e indicó que "hace quince años que vivo en Son Dalmau, y hasta ahora no se habían dado ni cuenta. Si se constituyera una zona industrial en las inmediaciones de mi casa, tal vez montara un restaurante, porque me haría rica", ironizó. "Desde que el PSM está en el gobierno local, siempre nos hemos manifestado en contra del polígono, no comprendo que ahora el PP se extrañe de ello".

Referente a la Ferretería Bonany, Mas, defendió que "está en su mayoría en zona urbana", aunque reconoció que "hay una pequeña parte trasera que está sobre rústico". "En cualquier caso no es cierto que la nueva zona recalificada como de servicios que implantaremos cerca de las vías del tren, afecte a este edificio para nada".

Sansaloni dijo que "ya el Ayuntamiento cedió en su día a Gestur un 10% del aprovechamiento de la nueva área para abaratar el coste de los solares, lo que no ha surtido efecto". Hace poco el Institut de Desenvolupament Industrial (IDI) organizó una visita con los posibles interesados, "pero cuando vieron que por menos de 1,2 millones no podían acceder a terrenos, evidentemente se echaron atrás".