El incremento de sanciones y vigilancia sobre la disciplina urbanística de Inca tiene una doble vertiente. De una parte, y al menos sobre el papel, significa una conversión sobrevenida y probablemente oportunitsta, al orden y la legalidad. De otra, implica una confesión pública, aunque falte en ella el acto de contricción. El propio alcalde reconoce que todo se disparó con el caso Andratx y la falta de recursos permite sospechar que el susto también ha sido aprovechado para arbitrar una vía de alivio económico para las arcas municipales. Pero, en definitiva, lo que aquí importa es que el Ayuntamiento, en la ciudad y fora vila, ha admitido y alimentado la ley de la selva de las construcciones. ¿Alguién exigirá responsabilidades al consistorio por no haber hecho su trabajo?
