El equipo de gobierno del ayuntamiento de Pollença, integrado por UM-UNPI y PSOE, ha ordenado al celador municipal que realice inspecciones en un total de 71 obras del municipio que presentan indicios de ilegalidad y que todavía no han sido examinadas por el departamento de Obras. De hecho, fueron los propios funcionarios de esta área municipal quienes presentaron los 71 expedientes en una reunión de la junta de gobierno municipal celebrada el pasado 7 de octubre y reclamaron la intervención de los políticos, por lo que el gobierno local aprobó el inicio de estas inspecciones. Las presuntas irregularidades se habrían producido entre los años 2003 y 2006, lo que demostraría el colapso que sufre el servicio de inspección de obras del Ayuntamiento.
El alcalde Joan Cerdà (UM), responsable directo del área municipal de Urbanismo, admite que "se detectaron una serie de infracciones a través del Catastro, por lo que se ordenó al celador que se ponga manos a la obra para realizar los informes pertinentes". Cerdà precisa que el hecho de que existan 71 obras presuntamente irregulares que todavía no han sido revisadas por el Ayuntamiento "no quiere decir que todas sean ilegales, sino que puede haber errores catastrales u otros problemas; sólo se sabrá cuando se hayan revisado todos los expedientes, lo que conlleva mucho trabajo".
En este sentido, algunos grupos de la oposición critican el funcionamiento del servicio municipal de inspección de obras. El portavoz de Alternativa per Pollença, Pepe García, denuncia que el celador "ha dejado de denunciar y de realizar el correspondiente expediente de infracción urbanística de numerosas obras ilegales del municipio, lo que es muy grave".
El PSM: "Es escandaloso"
Por su parte, el portavoz del PSM y ex miembro del equipo de gobierno, Tomeu Cifre, opina que el retraso en la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística "ha llegado a niveles absolutamente escandalosos", y que "la falta de medios y de apoyo político a los técnicos ha generado un listado enorme de infracciones urbanísticas de las que no se ha abierto expediente".
Según Cifre, este hecho es "especialmente grave" por dos motivos. El primero es el nivel de construcción ilegal generado en el municipio de Pollença desde hace unos años. El otro motivo se refiere a la previsión de ingresos por multas urbanísticas por un total de 1,2 millones de euros que el equipo de gobierno ha plasmado en los presupuestos de 2009. "Si no se tramitan y cobran las multas, el balance presupuestario no se cumplirá y el Ayuntamiento tendrá déficit; a estas alturas del año, no se ha cobrado ni la cuarta parte", apunta.
