La condena por malversación de fondos públicos contra el actual alcalde de Llucmajor no es el primer caso en Mallorca de un máximo representante municipal que ve las orejas al lobo de la justicia en forma de castigo mientras ejerce el cargo. Ser alcalde no exhime de cumplir con la justicia, aunque los precedentes mallorquines de primeros ediles castigados confirman que una condena no impide seguir ejerciendo la actividad política.
El primer caso de alcalde condenado en la isla se produjo en Sa Pobla en 1989, cuando la Audiencia Provincial condenó al entonces alcalde, Vicens Soler (Convergència Poblera), y a su concejal Jaume Font, a ocho meses de cárcel por manipular fraudulentamente las elecciones de junio de 1987 en Sa pobla. Los dos condenados tenían la intención de "alterar los resultados electorales en beneficio propio y de su partido" mediante la emisión de 337 solicitudes de voto por correo sin la documentación adecuada y sin la autorización de los vecinos cuyas identidades se usuparon. Una de las supuestas votantes estaba fallecida.
Los dos condenados evitaron la cárcel y cumplieron una inhabiltación de ocho meses. Una vez transcurridos, volvieron a ocupar sus cargos hasta el final del ejercicio. Posteriormente, Jaume Font fue el alcalde de Sa Pobla por el PP durante tres legislaturas seguidas. Después de ganar la cuarta, en 2003, dejó el cargo al ser designado conseller. Actualmente es portavoz del PP en el Consell de Mallorca.
El segundo caso de una condena judicial a un alcalde tiene su epicentro en Marratxí. El primer edil y diputado de UM Guillem Vidal fue condenado por el TSJB en enero de 1990 a seis años de inhabilitación especial como alcalde y concejal por un delito de abuso de cargo. El juez demostró que Vidal, alcalde desde 1979, había legalizado las obras sin licencia de una vivienda de su esposa. Vidal recurrió la sentencia, no dejó el cargo, superando una moción de reprobación del PSOE, y llegó a ser senador autonómico entre 1991 y 1995.
Otros alcaldes han pasado por el banquillo de los acusados, con sentencias absolutarias. Es el caso de Ramón Aguiló, ex alcalde socialista de Palma (1979-1991), absuelto en 1991, cuando ya no era primer edil, de los delitos de prevaricación y coacciones por haber ordenado el cierre de un centro de planificación en 1986, a pesar de que la Audiencia anuló en 1988 dos decretos de alcaldía al considerar que Aguiló se excedió en sus funciones.
Los casos de ex alcaldes con condenas judiciales son más numerosos. El más reciente es el de Eugenio Hidalgo, ex alcalde popular de Andratx, condenado a cuatro años de cárcel por la construcción de un chalet ilegal. Fue el primer alcalde detenido en su despacho.
Jorge Galmés (PP), ex alcalde de Ses Salines, fue condenado en 1999 por el Supremo a seis meses de inhabilitación para cargos públicos y una multa de 100.000 pesetas por haber instalado un micrófono oculto en el Ayuntamiento tras perder las elecciones de 1995. El ex alcalde de Banyalbufar, Jaime Tomàs (PP), fue condenado en 2002 por un delito de prevaricación a seis años de inhabilitación por una serie de contratos irregulares. Joan Antoni Ramonell (PP), ex alcalde de Montuïri, fue investigado por un presunto fraude al Inem, aunque fue absuelto por la Audiencia en 2001.
