En septiembre del año pasado salió a la luz pública el escándalo de un presunto desfalco económico en el seno de la Policía Local de Capdepera. Se denunciaron y divulgaron presuntos acosos laborales y otras faltas. Meses después, la investigación de los instructores ha concluido que los tres acusados no son responsables de esas infracciones. Asimismo, un certificado de intervención del Ayuntamiento señala que "no consta que durante 2006 y 2007 exista falta de dinero público", y la fiscalía ha archivado el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil determinando que "no ha habido malversación de fondos públicos". Por todo ello, el sindicato UGT exige la reincorporación en sus puestos de los tres acusados en el caso.
En declaraciones a este periódico, Guillem Vadell, delegado comarcal de UGT, afirmó: "Pedimos la reincorporación inmediata de los tres compañeros, y que recuperen la función que tenían asignada". En esta línea, Vadell opinó que "las medidas de suspender cautelarmente de empleo a los tres agentes, que siguen cobrando dinero público sin poder ejercer y están apartados, inicialmente, por un plazo de seis meses (hasta el 2 de octubre), fueron desproporcionadas". "Creo que el equipo de gobierno debe rectificar por la honorabilidad de los tres acusados que finalmente se ha probado no han cometido falta alguna", concluyó.
En concreto, los tres acusados fueron el inspector jefe, Juan José López (por el presunto desfalco y otras posibles faltas); el subinspector y delegado de UGT en el cuerpo de seguridad, Joaquín Rodríguez (por un presunto trato vejatorio hacia un agente), y el policía y delegado de personal de UGT, Paco Salinas (por supuesta coacción a compañeros para que no declarasen ante el instructor de la información reservada, y por presuntamente inducir a otros a fin de conseguir la realización de una huelga encubierta para perturbar el servicio policial).
