La polémica construcción levantada como un supuesto almacén agrícola en la falda de la montaña del Castell de Alaró sigue generando movimiento. Esta semana el consistorio ha decidido solicitar al juzgado de lo Penal que ordene el precinto cautelar del edificio que está siendo investigado por presunto delito medioambiental, al entender que actualmente los promotores se están beneficiando de la situación con el disfrute de una vivienda en suelo rústico protegido (ANEI) que fue autorizada inicialmente en 2004 para uso agrícola.
Desde el Ayuntamiento se defiende esta petición al considerar acreditado que los propietarios llevaron a cabo obras ilegales en el edificio para acondicionarlo como
vivienda una vez realizadas las inspecciones urbanísticas que le concedieron el final de obra como almacén. De hecho, el anterior equipo de gobierno ya llevó a cabo un precinto en diciembre de 2006 tras la publicación en prensa de la segunda denuncia de un agente medioambiental por esta infracción, aunque fue posteriormente levantado por el entonces alcalde.
Los servicios técnicos aconsejan la inutilización del edificio al entender que la obra es ilegal e ilegalizable y la única solución viable sería demolerlo, puesto que una de las irregularidades afecta a la base de la construcción, donde se habilitó una planta sótano ilegal que se ocultó el día de la inspección técnica, según recoge el expediente.
