Ni Tomàs ni Rabasco intervenían en las contrataciones de artistas u organizaciones de fiestas que el ayuntamiento de Llucmajor adjudicó entre 1999 y 2001 a empresas vinculadas el ex edil de ASI y a Mª del Amor Aldao, secretaria del partido. Tampoco asesoraban sobre los artistas o empresas a contratar. "Yo proponía y decidía".

Así lo afirmó ayer Antonia Sunyer, antigua regidora de Fiestas, durante su comparecencia como testigo en la Audiencia Provincial de Palma, que juzga al alcalde llucmajorer, Lluc Tomàs, así como a Joaquín Rabasco, por aquel entonces teniente de alcalde y alcalde pedáneo de s´Arenal, y a Mª del Amor Aldao por una presunta trama de corrupción empresarial.

La declaración más esperada del día fue un cúmulo de justificaciones administrativas. Sunyer se mantuvo firme y asumió responsabilidades. Si se pagaron facturas sin contrato debió ser por "urgencia", "falta de técnicos" o "para ampliar la programación" declaró. Curiosamente, hasta un total de 27 facturas se abonaron por esta vía a empresas de Aldao, aseveró el fiscal Juan Carrau

La ex edil de Fiestas negó, igualmente, haber realizado ningún contrato verbal y utilizó similares argumentos para justificar dudosas licitaciones a la empresaria. Tampoco reconoció que se hubiera duplicado facturas, tal y como dice Carrau, ni que se hubieran adjudicado la organización de las mismas fiestas a sociedades vinculadas a Rabasco y Aldao, de los que dijo desconocer la relación que mantenían. El fiscal, que reiteró los presuntos desmanes financieros que el Ayuntamiento habría permitido para favorecer a Rabasco, destacó que Aldao tenía los derechos exclusivos de muchos de artistas que actuaron y que por tanto se contrataban directamente. Un hecho que Sunyer achacó a una mera "casualidad". La ex edil de Fiestas defendió a capa y espada su gestión, y achacó la celeridad de algunas contrataciones a "descuadres en la programación". Sunyer respondía así al hecho de que se adjudicasen actuaciones el 7 de agosto de 2001 para el día 14 del mismo mes y que incluso diera un plazo de 24 horas a las empresas participantes en un concurso, entre las que figuran algunas de las implicadas, para presentar propuestas.