El alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI (Agrupación Social Independiente) comparecerán el próximo lunes ante la Audiencia Provincial de Palma para ser juzgados por varios delitos de fraude con fondos públicos.
Arranca, de esta manera, el juicio oral, abierto en abril por el juez Miquel Florit, y cuya causa ha tardado seis años en ser instruida.
La presunta trama de corrupción fue denunciada en 2001 por Juan José Maestre Gómez, en aquel entonces edil del PSOE en Llucmajor.
La acusación particular, representada por Antoni Diéguez, sostiene que tras las elecciones de 1999 y con la finalidad de lograr la mayoría absoluta Tomàs acordó el apoyo político de Rabasco, a quien nombró teniente de alcalde y alcalde pedáneo de s´Arenal y "le garantizó que la contratación de espectáculos públicos y actividades recreativas de la zona municipal de influencia se adjudicaría a éste utilizando como tapadera una serie de sociedades que debía constituir, y de las que sería administradora formal Mª del Amor Aldao -también imputada y que en esa época ejercía de secretaria y administrativa de ASI-".
En ocasiones, según señala la acusación, se hicieron valer de los domicilios de algunos miembros del partido para establecer las empresas a las que, en poco más de dos años, se adjudicaron contratos por valor de casi 1 millón de euros. Este dinero, tal y como baraja la acusación, posteriormente iba a parar a las cuentas de Rabasco y Aldao o a otros destinos, mediante transferencias o el cobro de cheques por importes inferiores a 3.000 euros, dificultando así la comprobación de la identidad de quien percibía el dinero. La acusación se basa en el informe emitido en 2003 por el Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que da cuenta de la existencia de las presuntas irregulares económicas.
Los tres imputados -Tomàs, Rabasco y Aldao- ya fueron citados por este caso en 2003. En aquella ocasión Rabasco se negó a declarar y Tomàs, que siempre ha defendido la legalidad de las contrataciones, derivó en Antonia Sunyer, antigua regidora de Fiestas, la adjudicación de las mismas. Sunyer, que en enero de 2004 también compareció ante el magistrado, mantuvo las tesis de Tomàs, y aseguró que los contratos estaban avalados por tesorería.
El caso forzó en 2005 la dimisión de Rabasco como edil de Turismo, después de que el PP le otorgase este cargo, a pesar de haber logrado la mayoría absoluta. Al año siguiente la causa se reactivó a raíz del informe emitido por el fiscal anticorrupción, Joan Carrau, por el que los imputados fueron llamados de nuevo. Rabasco y Aldao se negaron a declarar. Y Tomàs siguió negando cualquier irregularidad ante el juez Miquel Florit, que finalmente sentará a los acusados en el banquillo el lunes, en la primera de las cinco vistas previstas en el juicio.
La acusación particular solicita 3 años de cárcel para Tomàs, que estará defendido por Rafael Perera, y el letrado municipal Bernardo Garcías, y le acusa de negociaciones prohibidas y defraudación a la Administración en concurso con prevaricación. Mientras que a Rabasco, representado por Ramon Riutort, se le imputan 7 delitos de corrupción por los que piden 11,5 años de prisión, y 9,5 para Mª del Amor Aldao.
Carrau, por su parte, acusa a Rabasco de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la administración y alzamiento de bienes, y le pide por ello 12 años de cárcel. Diez menos a Tomàs, para el que también pide 14 años de inhabilitación de cargo público por fraude y negociaciones prohibidas. Asimismo, a Aldao se le imputan los mismos delitos que a Rabasco, aunque la pena solicitada es de diez años.
