La alcaldesa, Catalina Soler (PP), volvió ayer a acudir al juzgado de instrucción número seis de Manacor para declarar por el Caso licencias. Si el 29 de octubre la jueza suspendió la versión de los hechos por parte de la primera edil conservadora, al pedir su abogado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, en esta ocasión Soler sí declaró y estuvo en las dependencias judiciales más de una hora. Al salir no quiso comentar nada a los medios de comunicación y se marchó rápidamente junto a su abogado. No obstante, según pudo saber este periódico, la alcaldesa repartió la culpa de la presunta irregularidad al Consell y al pleno municipal, si bien de una forma más directa a la institución insular.
En este sentido, Soler consideró que si el Consell entendía que no era correcto el retraso en la aprobación de la polémica norma urbanística restrictiva, debía de haber seguido por su propia cuenta la tramitación. No obstante, cabe apuntar que Soler envió escritos defendiendo la paralización y que la mayoría en la Comisión Insular de Urbanismo recaía en el PP.
El primer denunciante del Caso licencias fue el vecino Tomeu Rigo, que advirtió de la presunta ilegalidad a la fiscalía anticorrupción. Más tarde, los grupos de la oposición EU-EV, PSM y PSOE decidieron presentar una querella, y la jueza les obligó a depositar una fianza solidaria de 3.000 euros.
Consultada por la tarde, Soler reiteró que no revelará su declaración: "Ya he hecho mi valoración y estaré pendiente del veredicto".
Rigo acusa a Binimelis (PP)
Por otra parte, Rigo informó, también ayer, a este periódico, que ha puesto otra denuncia a la fiscalía anticorrupción. Esta vez se ve afectada la ex regidora y ex diputada del PP, María Binimelis. Rigo detalló que el motivo es una zona verde situada en Cala Ferrera. Según él, en las últimas décadas en esa zona verde se han realizado actividades sin contar con las pertinentes licencias (como un restaurante). Antes de la aprobación del Plan General de 1969 "eso era un merendero, han ido construyendo sin permisos y sin que se haya abierto nunca ningún expediente de infracción urbanística".
A su vez, Rigo rechaza que en las nuevas normas urbanísticas se recalifique la zona verde en cuestión y, a su vez, critica que forme parte del complejo Club Robinson.
