Sin conocer con exactitud la cifra final, el GOB cree que el ayuntamiento de Campos, dirigido por el PP, ha gastado más de 720.000 euros en la defensa de los 68 apartamentos "ilegales" de la urbanización de Torre Marina de ses Covetes y, por lo tanto, los gobernantes conservadores han actuado "a favor de los intereses particulares".

En esta línea, el grupo ecologista reprocha que, a lo largo de los trece años de conflicto judicial, el consistorio campaner "ha perdido diez oportunidades para paralizar las obras o para no poner obstáculos a la protección de la zona".

Margalida Ginard, candidata del PP a la alcaldía, reconoció ayer que será el nuevo equipo de gobierno que comience a trabajar el sábado "el encargado de decidir si hay que recurrir o no la última sentencia". El tema es analizado en las actuales negociaciones de pactos.