Hasta ahora la apuesta era sobre cuántas resoluciones judiciales serían necesarias para transformar en ejecución práctica el fin de los apartamentos inacabados en ses Covetes. Llevamos quince y también acumulamos tres lustros de disputas cruzadas y de desembolsos privados y públicos sobre un pleito que, si hubiera obrado el interés general de por medio, nunca se hubiera producido y que con el tiempo se ha convertido en uno de los emblemas de los desmanes constructores en Mallorca y de la reivindicación ecologista en la isla.

Pero ahora lo que importa es que el quince puede ser el número mágico y la clave justa a aplicar para abrir la caja de las soluciones. Lo decimos por el momento en que salta la cifra y a la vista de los términos en que se expresan los fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que se explica en esta misma página.

A estas alturas del serial ya resulta concluyente, incluso de forma reiterada, que la licencia para los apartamentos de ses Covetes se otorgó sin base legal. Además, estamos en un momento político clave. Los resultados electorales determinan que se producirá el primer cambio sustancial del actual período democrático en el ayuntamiento de Campos donde el PP pierde su hegemonía y, como es sabido, tres cuartos de lo mismo ocurre en las instituciones insulares. Ses Covetes ha sido bastión -ruinoso, pero bastión- del PP y salvoconducto de etiqueta proteccionista para el PSM. Si llegara a producirse el acuerdo contranatura tanteado entre ambos partidos para hacer la pinza a UM en Campos, está claro que implicaría la demolición directa de ses Covetes. En todo caso, visto el historial de este hormigón impotente situado como cicatriz de costa natural, está claro que jurisprudencia y política tienen ahora su momento de oro en ses Covetes.