Algunas reacciones ante los resultados electorales llevan a la preocupación y plantean interrogantes que hacen dudar de la gestión que se hace en algunos casos del refrendo de las urnas. ¿Puede el triunfo indiscutible en las elecciones equipararse a la inmunidad total o transformarse en salvoconducto para avalar cualquier actuación? Está claro que no. Sería traicionar los más elementales principios democráticos. Pero mantenemos la pregunta a la vista de algunas actuaciones de quienes han subido al primer puesto del pódium del éxito electoral.

Catalina Soler, con actualizada mayoría absoluta como alcaldesa del PP en Felanitx, ha empezado a gestionar su renovada victoria con mensajes al borde de lo despectivo hacia determinados medios informativos y las personas que han cuestionado su hacer o simplemente han informado sobre su modo de hacer con la deuda municipal, el caso licencias o sus vinculaciones, al igual que otros alcaldes, con el caso caballistas de ses Salines.

En el mejor de los casos, es un modo desagradable y poco estético de abrillantar la vara de alcaldesa en el momento de reestrenarla. Un resultado electoral por nítido y contundente que sea, incluso en los aledaños de la residencia de personas mayores, no es una sentencia judicial ni puede interferir otros ámbitos del estado de Derecho. Sería imperdonable que quien admite en público que "cabalga" con querellas admitidas en forma, confundiera una cosa con la otra.

El pueblo es soberano. Este principio sí que es inapelable desde los cimientos democráticos, pero algún día habrá que indagar, desde la honestidad y desde la imparcialidad o salvaguardando la presunción de inocencia, por qué en Felanitx los indicios fundados de actuaciones confusas o chocantes con la legalidad se transforman en aval y doctorado electoral.