La comisión de investigación del servicio de recogida de basuras ha finalizado su labor y ha concluido que existe una "falta absoluta de control por parte del Ayuntamiento sobre la gestión de la empresa concesionaria, Cespa".

Entre las conclusiones más graves, se ha denunciado "un presunto fraude en la prestación del servicio en zona rústica", para el que se pide al alcalde el inicio de un expediente sancionador. Cabe recordar que Inca factura a la concesionaria de basuras en función de las toneladas recogidas, y no con un canon anual, como la mayoría de municipios. A raíz del "importante desfase" que la oposición detectó, se acordó crear dicha comisión. Una de sus tareas fue encargar un seguimiento a los camiones de recogida en rústico: un policía local controló exhaustivamente del 20 de mayo al 3 de junio de este año el trabajo de la concesionaria. Tras analizar los datos, "el número de kilos descargados en Son Reus y la planta de transferencia de Binissalem durante el periodo de vigilancia es muy inferior a la recogida del resto del año", en concreto "se recogió un 30% menos", señaló ayer Àngel Garcia (Independents d´Inca).

Así, en la primera semana de seguimiento se recogieron 29.380 kilos de residuos en zona rústica, y 25.000 en la segunda semana. Por el contrario, al comparar estas cifras con las oficiales en los meses de mayo de 2004 y abril de 2005 resulta que éstas "son muy superiores, e incluso llegan a duplicarse respecto a las cantidades aportadas por el policía".

Camiones de otros pueblos

Un dato "fundamental", según los miembros de la comisión, es la utilización por parte de la concesionaria de camiones procedentes de Porreres o Felanitx, lo que hizo sospechar en su día a la oposición que se estuvieran cargando basuras de otros municipios y se facturara su recogida a Inca.

Una de las aportaciones de la comisión es la siguiente: "De los últimos meses de 2004, llama especialmente la atención la gran cantidad de toneladas recogidas, siempre asimiladas a la presencia de vehículos que pertenecen a la Mancomunidad del Pla o al Ayuntamiento de Felanitx. A modo de ejemplo, en noviembre se llevaron a planta 277 toneladas. De los 44 viajes realizados, tanto a Son Reus como a Binissalem, veinte de ellos los efectuaron camiones asignados a otros municipios".

A todo ello hay que añadir un dato curioso: justo al día siguiente de finalizar el control policial, "la concesionaria hizo una recogida exhaustiva de escombros, incluso con un tractor, que se llevaron a pesar a la báscula de la cooperativa payesa", señala Garcia. Para los miembros de la oposición en la comisión, "esto no fue más que para intentar justificar la abismal diferencia de peso que había quedado al descubierto entre las toneladas recogidas bajo vigilancia y las que no". Además, estas cantidades no pueden computarse, pues no se trata de residuos urbanos que puedan ser incinerados en Son Reus, con lo que para Garcia, "todo está muy claro, la misma concesionaria se echa tierra encima haciendo esto".

Hay otras irregularidades halladas por la comisión de investigación, como el incumplimiento de las obligaciones contractuales por mejoras en el servicio. Así, la concesionaria se comprometió por escrito a la limpieza de imbornales 7 veces al año. "La respuesta del concejal de Servicios, Joan Rubert (PP), fue qué dónde ponía que debiera ser así", afirma Garcia.

El PP concluye por su cuenta

Cabe decir que el PP, aun y participar en dicha comisión, ha elaborado unas conclusiones que difieren por completo de las expuestas, y que serán aprobadas por su mayoría de gobierno en pleno.

Para los populares, "no existe ninguna prueba firme de que se hayan facturado al consistorio de Inca toneladas procedentes de otros municipios" y creen que Cespa "ha cumplido con sus obligaciones".