El recurso contencioso administrativo que se apunta como clave para desbloquear la situación de paralización de los polémicos 68 apartamentos de ses Covetes (Campos), lleva más de 10 años sin resolución. En concreto, en 1997 acabaron las pruebas periciales y, desde entonces, se está esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Se trata del recurso que la promotora y el ayuntamiento de Campos interpusieron contra un acuerdo del pleno del Consell de Mallorca del 4 de julio de 1994 que declaraba la urbanización ilegal al considerar que los terrenos donde se edificó no eran urbanos, tal y como defendían PSM y GOB y sus diversas denuncias. Para tomar esta decisión, el Consell, con mayoría absoluta del PP en 1994, tuvo que aceptar un recurso de PSM y GOB con informes técnicos favorables. Este acuerdo declaraba nulas las normas urbanísticas de Campos en la zona de ses Covetes y decía que los terrenos no eran urbanos. Automáticamente Ayuntamiento y promotora, Marina Ernst, interpusieron recurso contencioso administrativo ante el TSJB contra este acuerdo que, a día de hoy, todavía no se ha resulto.

Un recurso clave

Se considera clave, según las partes consultadas por este periódico - GOB, PSM y Ayuntamiento-, porque lo que dictamine el TSJB sobre este recurso incide directamente en el fondo de la cuestión de la polémica urbanización, que es conocer si los terrenos eran urbanos o sólo urbanizables. En el primero de los casos, los 68 apartamentos serían legales y su edificación a 20 metros del mar sería correcta, pero en el segundo de los casos la franja debería ser de 100 metros. Esta última teoría está avalada por una orden del Ministerio de Obras Públicas, dictada en 1996, que certificó que en ses Covetes no se podía construir a menos de 100 metros de la orilla. Varias sentencias posteriores de la Audiencia Nacional han dado la razón al Ministerio.

El PSM, en boca de su portavoz en Campos, Joan Juan Pons; el GOB a través de Miquel Àngel March, y el propio Ayuntamiento no comprenden cómo se ha demorado tanto la sentencia. March explicó que las pruebas periciales fueron uno de los motivos del retraso, pero concluyeron hace años. Para el PSM, si la promotora quisiera continuar las obras podría hacerlo. También se apunta que el entramado judicial será difícil de resolver a pesar del recurso clave, ya que existe el nuevo elemento de la orden ministerial que dictamina 100 metros en ses Covetes.