Los turistas que viajan en coches de alquiler tienen impunidad ante las multas de las policías locales. A los ayuntamientos no les queda otro remedio que desistir de cobrar estas sanciones ante la imposibilidad de hacerlas efectivas. Los 'rent a car', cuando les notifican la sanción, presentan recurso y aportan el nombre del conductor. En la mayoría de casos son turistas y localizarlos es del todo imposible, ya que han abandonado la isla.

Los ayuntamientos, cada año, están dando de baja de sus presupuestos municipales una gran cantidad de dinero que tenían computada como ingresos y que no pueden cobrar por este concepto.

Las principales infracciones que se sancionan son por mal estacionamiento del vehículo. Los turistas, cuando alquilan un coche, se hacen responsables ante la ley de cualquier contratiempo que le pueda ocurrir al vehículo. Cuando los servicios de recaudación municipales remiten la sanción al 'rent a car', las empresas se desentienden y recurren la sanción alegando que el infractor es el turista. Aportan el nombre y la dirección del conductor, pero en el momento que los ayuntamientos pretenden localizarlos, en la mayoría de los casos, han abandonado la isla y la tramitación de la multa en su país de origen saldría mucho más cara que el importe de la misma y por ello los ayuntamientos desisten.

El consistorio de Llucmajor es uno de los que en mayor medida está sufriendo este problema, ya que cuenta con una amplia zona turística y los vehículos de alquiler circulan por sus 18 núcleos urbanos. Llucmajor ha tenido que dar de baja como ingresos la cantidad de 107.000 euros en multas a coches de alquiler que no pueden cobrar. A propuesta del PSM, la edil de Hacienda, Margalida Roig, se comprometió a estudiar algún sistema para evitar que los turistas utilicen este vacío legal y se marchen sin pagar sus multas.

Otro ayuntamiento que también está teniendo problemas en este sentido y ha cuantificado el coste que le produce no poder cobrar las multas a los coches de alquiler es Santa Margalida. En esta localidad el consistorio no ha podido conseguir cobrar 40.000 euros en multas de coches de alquiler. La delegada de Hacienda de Santa Margalida, Aina Rodríguez, explicó que "es una situación de impotencia, ya que cuando nosotros les notificamos, los turistas ya no están en Mallorca".

Tanto en Santa Margalida como en Valldemossa están utilizando los chopos para inmovilizar el vehículo y se exige el pago de la multa antes de rescatar el coche.

Otros ayuntamientos, como es el caso de Calvià, también se encuentran con muchos problemas debido a la gran cantidad de vehículos de alquiler que circulan en su término municipal. En Calvià, según informó el teniente de alcalde de Hacienda, Isidre Cañellas, la cifra de multas que no han podido cobrarse del año 2003 asciende a 600.000 euros y 42.000 euros en lo que va de año.

En Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Pollença o Alcúdia la situación es similar a otros municipios y los conceptos ante la imposibilidad de cobrar las multas son importantes. En Manacor, incluso, las sanciones a vehículos de alquiler conducidos por turistas ya ni se tramitan, ante la inviabilidad de recaudarlas.

Algunos ayuntamientos están estudiando llegar a un acuerdo con las empresas de 'rent a car' para que cuando los turistas vayan a entregar el coche se les exija el pago de la multa. Para esta posibilidad es preciso contar con la colaboración de las empresas y éstas consideran que esta opción es "ilegal".

Tráfico inmoviliza los coches

Según informaron desde la Jefatura Provincial de Tráfico, los agentes de la Guardia Civil inmovilizan los vehículos conducidos por extranjeros que son sancionados. Les obligan a dejar un depósito similar al importe de la multa o que una persona residente en las islas se haga responsable. En caso de no abonar este depósito, el vehículo queda inmovilizado hasta que se haga efectiva la sanción. La ventaja es que habitualmente imponen la sanción con el conductor dentro del coche.

Desde Tráfico apuntaron que existe un procedimiento para tramitar en el extranjero, pero a los ayuntamientos les resulta muy costoso.