Esto es jauja para los turistas y una calamidad para los ayuntamientos. Los primeros ven cómo sus infracciones de tráfico a bordo de los vehículos de alquiler quedan impunes ante la imposibilidad de la administración municipal de cobrarlas. Porque el visitante ha vuelto a su país y, o no le llegará la sanción o, cuando aparezca en su buzón, irá directamente a la basura. Nadie, ni el consistorio ni, por supuesto, la empresa de 'rent a car', podrá perder tiempo ni dinero en intentar hacerla efectiva. El fenómeno turístico en esta isla no es nuevo y, como ocurre con otras consecuencias del mismo, como la atención sanitaria de los extranjeros, no parece tan difícil encontrar una fórmula para subsanar el problema. Siempre que todas las partes, incluidas las citadas empresas, claro, pongan de su parte. Los consistorios, mientras, sin ver ni un duro. Ni de estas multas ni del IAE. Haciendo filigranas con los campos de césped artificial y toreando una situación económica para muchos insostenible.
