El Ayuntamiento sigue inmerso en la polémica por el cierre de caminos o accesos públicos. En el pleno del jueves se acordó por unanimidad una moción del PSM para la recuperación del uso público en los tramos cerrados de la carretera vieja de Lluc y del camino viejo, que discurre sobre algunas propiedades privadas y que actualmente se encuentra cerrado al paso de peatones en la finca de l´Empeltada.

El 25 de mayo del año pasado la alcaldía dictó una orden de apertura, sin ser respetada hasta ahora por el propietario. En este sentido, el alcalde Bartomeu Cifre (PP) evitó dar su punto de vista debido a que el tema le toca "personalmente", al transcurrir la vieja carretera por su finca de ca na Borrassa.

Desde el PSM se advirtió que el ordenamiento jurídico faculta al Ayuntamiento para hacer cumplir lo aprobado, además de reforzar su moción enseñando al pleno diversas denuncias realizadas ante la Guardia Civil. El debate terminó cuando el alcalde tomó el compromiso de reunirse por última vez con el propietario y explicarle su situación legal ante los reiterados incumplimientos, antes de remitir a los juzgados su causa.

Entre el orden del día, se introdujo por vía de urgencia la expropiación de una parcela en Cala Barques, prevista en el plan general. El trámite se llevó a cabo entre el 2000 y 2002, fijándose oportunamente el valor a través del justiprecio. El Ayuntamiento deberá ahora desembolsar la suma de 325.000 euros por este espacio, que incluyen los intereses correspondientes a los tres años transcurridos, por unos 56.000 euros.

La dejadez municipal con las expropiaciones previstas en el planeamiento de la década de los 90 provocaron un tenso debate entre Joan Cerdà (UM) y Juanjo Mir (PSOE), quienes buscaron responsabilidades políticas tildándose ambos de demagógicos. Cerdà dijo que el PSOE no realizó a tiempo la ejecución del plan general y la negligencia comienza desde 1991, e instó a un "gran pacto" de todos los partidos para hacer frente con consenso a estas expropiaciones.