La Fiscalía pide 15 meses de cárcel para la exdirectora del Archivo Municipal de Palma por acoso laboral

La Fiscalía pide una condena de un año y tres meses de cárcel para la exjefa del Archivo Municipal de Palma Margalida Rosselló, ya jubilada, por acoso laboral a una trabajadora. La acusación sostiene que sometió durante años a la denunciante a diversos “actos hostiles”, como denegarle las vacaciones, aislarla en un despacho, impedirle la realización de cursos formativos y tratarla de manera “descortés e impropia”. Esta situación se prolongó durante años y provocó problemas psicológicos a la perjudicada, sostiene la Fiscalía, que reclama 10.000 euros de indemnización para ella. Las partes no han alcanzado un acuerdo de conformidad y en una vista previa celebrada ayer la magistrada señaló el juicio para principios de 2027.

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, señala que la denunciante era funcionaria del Ayuntamiento de Palma y estaba destinada en el Archivo Municipal Can Bordils desde 2005. Los problemas comenzaron con la llegada de Rosselló a la dirección en septiembre de 2017, de acuerdo con el relato de la denunciante que recoge el ministerio público.

Conciliación familiar

Por un lado, la trabajadora asegura que su jefa le denegó y puso impedimentos de manera reiterada para el disfrute de sus vacaciones por motivos no justificados. Según su versión, en el verano de 2023 tardó dos meses en concedérselas y al año siguiente se las denegaron sin avisarle de la directora ya no gestionaba esos asuntos. Además, en otra ocasión se las concedieron solo unas horas antes de poder disfrutarlas. “Estas decisiones generaron perjuicios y preocupación al afectar a su capacidad de conciliación familiar”, señala la Fiscalía.

También relata que la acusada la aisló en un despacho individual sin mediar explicación después de haber estado durante 12 años en una zona compartida con otras dos personas y que fue la única empleada a la que no se le ofrecieron el acceso a cursos formativos.

Durante su relación laboral, la directora habría dado un “trato descortés e impropio” a la denunciante. En una reunión le dijo: "Cállate y basta de contradecirme", en presencia del director técnico. Este trato también se puso de manifiesto en correos electrónicos que se remitían al personal del archivo, en los que la acusada le imputaba errores en su labor, incidencias en el servicio, “falta de compañerismo” y “negligencias”, como la pérdida de un sello. La Fiscalía expone también que la acusada le denegó inicialmente la posibilidad de teletrabajar y que cuando se lo permitieron le incrementaron a tres los días de atención al público, “lo cual no fue ajustado a sus circunstancias, sino que a la exclusiva voluntad de la denunciada”. En abril de 2024, una vez abierto el proceso judicial por la denuncia de la empleada, la directora del archivo realizó “comentarios desagradables a una técnica nueva” sobre ella.

"Acciones inadecuadas"

La denunciante inició el protocolo de acoso en el Ayuntamiento de Palma y fue seguida por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. También presentó una denuncia en Inspección de Trabajo, que efectuó advertencias sobre el retraso en la resolución del protocolo. Ninguno de estos organismos alcanzaron la convicción de estar ante una situación de acoso, señala la Fiscalía, pero tanto el Ayuntamiento de Palma, con ocasión del protocolo de acoso, como el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propusieron diversas medidas.

El equipo técnico que asumió el protocolo de acoso constató “acciones inadecuadas” por parte de la acusada, como el envío de correos en referencia a un trabajador en concreto a todo el equipo, el uso de mayúsculas que pueden ser interpretadas por el receptor como hablar gritando, o el uso despectivo y ofensivo de algunos correos para referirse a las actividades de los trabajadores, utilizando en ocasiones el nombre de la denunciante para referirse a una tarea mal hecha.

Según un informe psicológico de marzo de 2023, como consecuencia de estos hechos la perjudicada sufrió "síntomas compatibles con la experimentación de sintomatología ansioso-depresiva, concluyendo que presenta un trastorno de estrés postraumático” por el que tuvo que recibir tratamiento con ansiolíticos. La directora del archivo se jubiló en septiembre de 2024 y la trabajadora fue reubicada en marzo de ese año.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de acoso laboral, por el que reclama un año y tres meses de prisión para la acusada. Además, solicita que indemnice con 10.000 euros a la denunciante por daños morales.

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