Los vecinos de Palma denuncian una actuación policial "indiscriminada y desproporcionada" en la protesta contra la masificación

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma ha expresado públicamente su "indignación y rechazo" por el tratamiento dado a la movilización ciudadana celebrada este 26 de julio en Palma contra la masificación turística y las consecuencias del actual modelo económico de Mallorca.

La Junta Directiva de la entidad vecinal ha difundido un comunicado en el que se suma a las voces que reclaman la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, al que señala como responsable político de las intervenciones de la Policía Nacional realizadas antes y durante la protesta.

La federación considera que tanto la detención de dos activistas en los días previos a la manifestación como la actuación de los agentes al finalizar la marcha fueron "absolutamente desproporcionadas".

«Solo pueden explicarse por una voluntad predeterminada de criminalizar la protesta», sostiene la entidad en su comunicado.

Según la versión de la Federació de Veïns, la intervención policial fue «provocadora» y terminó siendo «indiscriminada y desproporcionada». La organización asegura, además, que la actuación de los agentes dificultó que los participantes pudieran abandonar tranquilamente la zona una vez concluida la protesta.

La entidad destaca que la marcha había transcurrido con normalidad durante todo su recorrido y afirma que la actuación policial se produjo en el momento de la disolución. Por este motivo, muestra su solidaridad con las personas que resultaron afectadas y reafirma su compromiso de continuar defendiendo el territorio y los intereses de la población residente.

Un malestar social que «no dejará de crecer»

La Federació enmarca la manifestación en un contexto de creciente descontento ciudadano por las dificultades para acceder a una vivienda digna, la saturación turística, la destrucción del suelo rústico, la inflación y unas políticas que, a su juicio, ignoran las necesidades de los residentes.

El comunicado advierte de que este malestar «no dejará de crecer», tanto en el número de personas movilizadas como en «el nivel de indignación y determinación».

La entidad también denuncia lo que considera un retroceso progresivo de los derechos democráticos básicos y sostiene que las intervenciones policiales no conseguirán frenar las protestas.

«El miedo a las detenciones y a las cargas policiales no hará que el malestar desaparezca», afirma la organización, que añade que, lejos de desactivar las movilizaciones, estas actuaciones pueden contribuir a incrementarlas.

La federación resume su posicionamiento con el lema: «Quien ama Mallorca no la destruye». Asimismo, reivindica el derecho de la ciudadanía a vivir en la Isla, tanto si es su tierra de nacimiento como de acogida, y rechaza que Mallorca se convierta exclusivamente en «un resort turístico» cuyos residentes sean tratados como mano de obra barata.

Reclama un acuerdo político y social

La Federació d’Associacions de Veïns de Palma reclama la apertura de un acuerdo político y social que permita implantar un cambio de rumbo ante la situación que atraviesa Mallorca.

A su juicio, este pacto no puede alcanzarse sin contar con las entidades sociales que están canalizando la indignación de una parte de la ciudadanía. La organización vecinal pide que estas asociaciones participen de manera efectiva en el debate y en la toma de decisiones.

«La paz social solo se puede construir escuchando a la ciudadanía y asumiendo espacios de participación real», concluye el comunicado de la federación vecinal.

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