El PSOE acusa a Cort de reducir la protección del arbolado y cargar nuevos costes a los vecinos

El PSOE de Palma ha votado en contra de la nueva Ordenanza Municipal de Urbanización, Arbolado y Espacios Libres, aprobada inicialmente este martes por la Gerencia de Urbanismo, al considerar que la norma reduce la protección de los árboles, traslada gastos a las comunidades de propietarios y rebaja las consecuencias económicas para los grandes operadores que incumplan sus obligaciones.

Los socialistas han anunciado que presentarán enmiendas durante la tramitación del texto. Según el regidor del PSOE, Pepe Martínez, la ordenanza se aleja del modelo defendido por su formación, basado en incrementar las zonas verdes y en que el Ayuntamiento asuma progresivamente la conservación de los espacios privados de uso público.

"En lugar de resolver los problemas, añade más quebraderos de cabeza a los vecinos, especialmente en las barriadas más sensibles", ha criticado Martínez.

El PSOE sostiene que la nueva norma elimina la obligación de conservar un porcentaje concreto de la cobertura arbórea existente en los terrenos afectados por una obra.

Según los socialistas, el planeamiento vigente exigía mantener el 70% de la cobertura arbórea original, mientras que la ordenanza sustituye este criterio por la obligación de conservar "el mayor número de ejemplares posible" y eliminar únicamente aquellos que resulten estrictamente necesarios.

A juicio del partido, esta modificación permitirá que la edificabilidad tenga prioridad sobre los árboles. "El PP quiere aprobar una ordenanza de arbolado que se carga los árboles", ha afirmado Martínez. "Elimina las protecciones que tenían y reduce la cantidad de ejemplares que deberán colocarse", ha añadido.

Comunidades obligadas a mantener espacios abiertos al público

Otra de las principales críticas del PSOE se refiere a los espacios privados de uso público, como pasajes, porches, aceras y pequeñas zonas ajardinadas que figuran en las escrituras de antiguas comunidades de propietarios, pero que son utilizadas habitualmente por cualquier ciudadano.

La formación asegura que la nueva ordenanza obligará a los propietarios a hacerse cargo de la limpieza, la reparación del pavimento, la accesibilidad, la iluminación nocturna y la apertura al público de estos espacios.

En caso de incumplimiento, añade el PSOE, el Ayuntamiento podría sancionar a las comunidades, ejecutar directamente las obras y repercutirles tanto el coste de la intervención como los gastos de gestión.

"El uso será público, pero el coste será privado", ha resumido el partido, que reprocha que el texto no contemple bonificaciones fiscales, ayudas económicas ni convenios de conservación para compensar estas obligaciones.

Los socialistas señalan que esta situación afecta especialmente a barrios con edificios antiguos, como Camp Redó y Verge de Lluc, donde existen numerosos espacios de estas características.

"El Ayuntamiento dirá a los vecinos: 'Ese parque que tienes delante de casa figura en tu escritura, así que no solo tienes que pagarlo y mantenerlo, sino también adaptarlo a la normativa'", ha explicado Martínez.

"Las comunidades tendrán que afrontar derramas de decenas de miles de euros para arreglar estos espacios y, si no pueden hacerlo, el Ayuntamiento las sancionará, ejecutará las obras y les cargará también los gastos de gestión", ha advertido.

Multas de hasta 3.000 euros

El PSOE también considera insuficiente el régimen sancionador incluido en la ordenanza, que contempla multas de hasta 750 euros para las infracciones leves, de entre 751 y 1.500 euros para las graves y de entre 1.501 y 3.000 euros para las muy graves.

Los socialistas argumentan que estas cantidades pueden resultar poco disuasorias para grandes compañías que incumplan los plazos de soterramiento de redes aéreas, la urbanización de terrenos o la creación de zonas verdes.

Según el partido, la legislación urbanística permite imponer sanciones equivalentes a entre el 150 % y el 300 % del coste que habría supuesto ejecutar correctamente la actuación.

"Se abre la puerta a que los grandes infractores paguen únicamente 3.000 euros cuando antes podían tener que abonar cientos de miles", ha denunciado Martínez.

"Si una gran compañía eléctrica o de telecomunicaciones decide ignorar la normativa sobre el soterramiento del cableado, la sanción máxima será de 3.000 euros", ha concluido el regidor socialista.

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