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El Gobierno cede a empresas la gestión de las futuras viviendas públicas de Son Busquets salvo el cobro de los alquileres

Casa 47 adjudica a una UTE la operatividad diaria de los inmuebles incluyendo reparaciones, cerrajería, 'call center' o impagos

Esta entidad precisa que "controlará al 100%" la adjudicación de las 831 residencias proyectadas

Antiguas naves militares en el cuartel de Son Busquets.

Antiguas naves militares en el cuartel de Son Busquets. / B. Ramon

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Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

La construcción de las 831 viviendas prometidas en Son Busquets sigue lejos de ser una realidad, pero el Gobierno ya ha adjudicado su futura gestión y la de casi seis mil alquileres públicos en todo el Estado. Casa 47 (antiguo SEPES) ha concedido a la UTE formada por Serveo Servicios, S.A.U. y Factoría Gestión y Consultoría, S.L. la operativa de un lote que en Baleares incluye 218 viviendas procedentes de la Sareb, además de las proyectadas en el antiguo cuartel de la carretera de Valldemossa.

La UTE se hará cargo de un amplio abanico de servicios y será la interlocutora con los futuros inquilinos, pero no cobrará los alquileres, ni adjudicará los pisos. "No se privatiza la gestión de ninguna vivienda", precisa Casa 47, que tendrá la competencia exclusiva en la selección de inquilinos, la duración de los contratos, los precios y el cobro de los alquileres. "Las empresas gestoras no tienen ninguna capacidad ni influencia en la definición del modelo de adjudicación y arrendamiento de Casa 47 (incluyendo la definición de los precios de alquiler). Y todo el proceso de adjudicación está controlado al 100% por el equipo de Casa 47, atendiendo a las normas de arrendamiento aprobadas por su Consejo Rector", subraya esta entidad dependiente del Ministerio de Vivienda.

Sí se externaliza la operativa diaria y los servicios que se prestarán a las viviendas y a sus ocupantes. Una parte importante del contrato se enfoca en el llamado 'onboarding', una serie de actividades necesarias para recibir cada vivienda, revisarla y prepararla para su incorporación al patrimonio de Casa 47. Esto implica comprobar la situación física, jurídica y administrativa de cada inmueble, verificar documentación, detectar incidencias, generar informes de diagnóstico y dejar constancia de si el piso está listo para alquilarse o necesita intervenciones previas.

Si aparecen problemas, la UTE deberá asumir labores jurídicas y documentales como la regularización registral y catastral de los pisos, obtención o actualización de cédulas de habitabilidad, licencias o certificados energéticos. También tendrá que cambiar cerraduras, custodiar llaves y emitir el informe final que certifique que cada vivienda reúne las condiciones para entrar en alquiler.

Otro bloque central del contrato es el de adecuaciones y reparaciones menores para que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad. Ahí entran trabajos como pintura, cerrajería, limpieza, retirada de enseres, pequeñas reparaciones, ajustes en persianas o carpinterías y, cuando haga falta, actuaciones más amplias en instalaciones o acabados.

Una vez adjudicada la vivienda por Casa 47, la UTE podrá organizar visitas, acompañar a los adjudicatarios, formalizar contratos con el modelo fijado por Casa 47, entregar llaves y tramitar la documentación asociada. También deberá gestionar la bienvenida al inquilino y la domiciliación bancaria, aunque el ingreso de la renta seguirá recayendo en la empresa pública.

En la vida diaria del parque, la adjudicataria deberá ocuparse de la gestión general de alquileres: resolución de incidencias administrativas, actualización de contratos, comunicación con los inquilinos y mantenimiento de un portal del inquilino. El pliego obliga además a disponer de un call center gratuito para atender averías, dudas contractuales o problemas de pago.

Gestión de impagos

También asumirá el mantenimiento correctivo y preventivo y funciones propias de administración de las fincas incluyendo juntas, cuotas y derramas, control de limpieza, plagas, licencias, zonas comunes, seguros o conserjería. El pliego incorpora además una pata social: la UTE deberá prestar un servicio de prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda, pensado para anticiparse a impagos, pérdida de ingresos o situaciones de vulnerabilidad.

En paralelo, la adjudicataria tendrá que gestionar de forma extrajudicial y amistosa la mora, con recordatorios, entrevistas, propuestas de fraccionamiento o aplazamiento y seguimiento de acuerdos.

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