Así serán las viviendas de la antigua cárcel de Palma: 'colivings' entre 16 y 40 metros cuadrados para médicos, policías o investigadores

La antigua cárcel de Palma, desalojada el pasado 11 de junio, se transformará en una residencia pública para profesionales con 139 unidades habitacionales temporales destinadas a perfiles como médicos, funcionarios, investigadores, profesores universitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Jaime Martínez, que ha presentado la operación como un proyecto estratégico para ampliar la oferta residencial de la ciudad y contribuir a "retener talento".

El proyecto, cuya redacción básica ya ha sido aprobada por la Junta de Govern, prevé intervenir sobre una superficie de unos 8.000 metros cuadrados distribuida en planta baja, primera y segunda. Según ha explicado el alcalde, la propuesta combinará la recuperación patrimonial del inmueble con una nueva función residencial de carácter temporal, orientada a profesionales que se desplazan a Palma por trabajo durante meses o temporadas completas.

La actuación contempla 50 unidades para estancias cortas y 89 para larga estancia. Las más pequeñas tendrán entre 16 y 22 metros cuadrados, concebidas principalmente para un ocupante —aunque con capacidad para dos personas— y equipadas con zona de descanso, espacio de almacenamiento, baño completo y área de trabajo integrada.

A estas se sumarán cinco unidades dobles, de entre 25 y 30 metros cuadrados, pensadas para alojar a dos personas durante periodos breves y dotadas igualmente de zona de descanso, almacenamiento, baño completo y espacio de trabajo.

La residencia contará también con 89 unidades para estancias de larga duración. De ellas, 59 serán apartamentos de entre 20 y 30 metros cuadrados, equipados con cocina completa, espacio de estar y dormitorio, baño completo, vestidor y almacenaje, así como área de trabajo y comedor.

Asimismo, se proyectan 26 unidades de mayor tamaño, con superficies de 30 a 35 metros cuadrados, que incorporarán cocina, comedor integrado, zona de estar con espacio de descanso susceptible de independizarse, baño completo, vestidor y área de trabajo.

Finalmente, el complejo dispondrá de cuatro viviendas familiares de más de 40 metros cuadrados. Estas unidades contarán con dos dormitorios independientes, salón-comedor, cocina, baño completo, lavandería propia y amplios espacios de almacenamiento.

Martínez ha justificado las reducidas dimensiones de parte de los alojamientos en el hecho de que el proyecto responde a un modelo de "coliving", con zonas comunes compartidas. "Son soluciones habitacionales en las que hay zonas comunes. Hablamos de viviendas con un espacio suficiente y además zonas comunes de comedor, ocio, gimnasio o piscina", ha señalado.

Los futuros inquilinos pagarán un alquiler asequible directamente al Ayuntamiento, que se hará cargo de todo el proyexto. Los precios todavía no están decididos.

El Ayuntamiento sostiene que este formato permitirá dar respuesta a una demanda residencial específica de profesionales que llegan a Palma de manera temporal y encuentran dificultades para acceder a una vivienda. El alcalde ha admitido que la demanda será muy superior a la oferta disponible, por lo que el acceso quedará sujeto a criterios vinculados a las necesidades de estos servicios esenciales.

Demolición parcial

Desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el proyecto plantea una transformación profunda del recinto. Se demolerán el muro perimetral, las torres de vigilancia, varios anexos y las antiguas viviendas de funcionarios, mientras que se conservará el cuerpo central de la prisión, que será adaptado al nuevo uso. "Pondremos en valor la historia de la antigua cárcel, forma parte de nuestro patrimonio", ha afirmado Martínez.

El edificio contará con tres plantas y una superficie construida de 8.081 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja, primera y segunda planta. La actuación incorporará también más de 5.000 metros cuadrados de zonas verdes, entre patios ajardinados, el espacio de transición en el antiguo foso perimetral y un solárium ajardinado situado en la cubierta del edificio.

La propuesta incluye también la apertura de espacios comunes, nuevas conexiones interiores, mayor entrada de iluminación natural y la modificación de fachadas para mejorar la ventilación, todo ello con criterios de sostenibilidad. El alcalde ha defendido que la actuación será "un ejemplo de recuperación del patrimonio" aplicado a una nueva necesidad residencial de la ciudad.

Tras el desalojo pacífico del antiguo penal a principios de mes, el Ayuntamiento procedió al cierre y tapiado definitivo del edificio y a la instalación de sistemas de videovigilancia para evitar nuevas ocupaciones. Ahora, el siguiente paso será licitar la redacción del proyecto básico y de ejecución, que deberá concretar tanto el presupuesto definitivo como los plazos. Martínez ha apuntado que, una vez adjudicadas las obras, su ejecución podría prolongarse durante unos 18 meses.

El alcalde ha presentado la futura residencia como el primer equipamiento de estas características en Palma, una fórmula con la que Cort quiere dar una nueva vida a un edificio abandonado desde 1999 y convertir el antiguo símbolo del encierro en una infraestructura residencial para profesionales clave en el funcionamiento de la ciudad.

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