La PAH acusa al Govern y al Ayuntamiento de Palma de "criminalizar la pobreza" y anuncia acciones legales por su política de vivienda

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ángela Pons, ha acusado este jueves al Govern y al Ayuntamiento de Palma de "criminalizar la pobreza" y de vulnerar de forma sistemática el derecho a la vivienda. Lo ha hecho antes y durante el pleno municipal celebrado en Cort, donde ha denunciado la gestión de ambas administraciones ante la crisis habitacional y los recientes desalojos de la antigua prisión de Palma.

Durante su intervención, Pons ha asegurado que tanto el Govern como el Ayuntamiento están incumpliendo la legislación balear de vivienda, que, según ha recordado, obliga a las administraciones a garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar cualquier desahucio o desalojo. La portavoz de la PAH ha criticado el incremento continuado de los precios del alquiler y la falta de medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna. En este sentido, ha afirmado que el actual Ejecutivo autonómico "no gobierna para toda la ciudadanía", sino que favorece los intereses de los grandes tenedores y de los fondos de inversión, permitiendo que "todo valga" en materia de vivienda.

Pons también ha cargado contra la actuación del Ayuntamiento tras el desalojo de la antigua prisión de Palma, asegurando que algunas de las personas desalojadas viven actualmente "debajo de un puente". A su juicio, las administraciones están dejando a personas vulnerables sin alternativa habitacional y "criminalizando la pobreza", una situación que ha calificado de "limpieza social".

La portavoz ha anunciado además que la PAH emprenderá acciones legales contra el Govern de PP y Vox por considerar que está incumpliendo la normativa vigente en materia de vivienda. "Tenemos todo el derecho del mundo de denunciar, ya no solo con palabras; haremos pasos legales y llegaremos donde haga falta", ha advertido.

Asimismo, ha reprochado que el las instituciones anuncien la construcción de vivienda pública de cara a futuros compromisos electorales cuando, según ha dicho, durante la actual legislatura no se ha impulsado ninguna promoción de vivienda social. También ha criticado la venta de suelo público a empresas privadas y ha responsabilizado directamente a PP y Vox de las políticas de vivienda desarrolladas en Baleares.

Entre las medidas que reclama la PAH figuran la paralización inmediata de cualquier desahucio o desalojo mientras no exista una alternativa habitacional para las personas afectadas, el cumplimiento efectivo de la Ley balear de Vivienda de 2018 y la aplicación de herramientas ya previstas en la normativa, como el tanteo y retracto para la adquisición pública de edificios o la declaración de zonas tensionadas.

Por último, Pons ha cuestionado las prioridades del Ayuntamiento respecto al proyecto de rehabilitación de GESA, al considerar que antes de acometer grandes actuaciones urbanísticas las administraciones deberían garantizar que ninguna persona carezca de un lugar donde vivir. "Se tiene que arreglar la ciudad, sí, pero lo primero es lo primero: la gente tiene que tener dónde dormir", ha concluido.

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