La cárcel está en la calle y en el parque

León XIV también hubiera podido plantarse hoy en Palma. Si uno de los objetivos de su visita a España es estar al lado de los más desprotegidos, la elección del archipiélago era indiferente, porque entre la precariedad migratoria que afecta a Canarias y el drama habitacional que asola a Balears, apenas hay distancia. Es más, van asociados. El necesario desalojo de la antigua prisión palmesana, consumado ayer, no es más que el inhumano escaparate de tal situación.

Palma solo admite trabajadores en horario laboral a condición de que se queden en el tajo. Ya no es ciudad para residentes de hogar propio. Solo tolera, a regañadientes, a los irreductibles de herencia familiar. Su amable hospitalidad queda reservada a usuarios del alquiler vacacional, propietarios extranjeros de alto nivel adquisitivo y fondos buitre. Nada de alquiler seguro ni pisos a precio topado. El Ayuntamiento ha demostrado su alta capacidad como cronificador de una crisis habitacional tan desbocada como insostenible. Cuenta para ello con la inestimable colaboración del IMAS y otros órganos autonómicos.

La inseguridad de la antigua prisión okupada no es sobrevenida. Cinco meses han sido insuficientes para dar salida digna a una problemática que venía acumulándose desde mucho antes de febrero. Sus moradores forzados eran solo la punta del iceberg de un sector considerable de la población de Palma que tiene su verdadera prisión en las habitaciones compartidas, los soportales de la calle y los parques públicos. Sus barrotes permanecerán infranqueables mientras no se adopten políticas transversales de estabilidad demográfica asociadas a una economía sostenible y a un parque de viviendas asumible, no solo en cuanto a territorio, sino también en lo relativo a unas clases medias de poder adquisitivo menguante. En el caso de que el vuelco llegue a darse, va para largo. Muy largo.

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