La sentencia que ordena catalogar el solar de la Casa del Pueblo de Palma condicionará "las actividades y accesibilidad" del futuro residencial de lujo

La sentencia que obliga al Govern balear a inscribir el solar de la Casa del Pueblo de Palma en el catálogo de espacios de memoria puede tener consecuencias en el edificio de pisos de lujo que se construye en ese suelo. La plataforma Amics de la Casa del Poble sostiene que, si el Ejecutivo balear "cumple la ley" y lo inscribe, condicionará las actividades y accesibilidad en el edificio, así como la comercialización de las viviendas.

El fallo, conocido el domingo, estima el recurso presentado por la entidad contra la negativa del Govern a tramitar en 2021 la inclusión de este solar de la calle Reina María Cristina en el catálogo, algo que preveía la Ley de Memoria Democrática de Balears. La resolución judicial anula aquella decisión administrativa del entonces vicepresidente y conseller de Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y ordena al actual Ejecutivo autonómico iniciar el procedimiento, completarlo y dictar una resolución final sobre el fondo del asunto.

Para Pere Vicens, miembro de Amics de la Casa del Poble, la lectura de la sentencia es clara: el Govern actuó de manera "incorrecta" al bloquear de entrada la petición. A su juicio, "asumió ese error" en 2023, cuando se apartó del contencioso, pero lamenta que haya sido necesario esperar tres años para tener un pronunciamiento judicial. Que, por cierto, ha llegado dos meses después de que el PP y Vox derogaran la Ley de Memoria Democrática autonómica.

Vicens da por hecho que el solar reúne condiciones sobradas para ser declarado espacio de memoria. Y cree que habrá consecuencias directas sobre la promoción inmobiliaria en marcha. "Entendemos que la inscripción en el catálogo conduce a una serie de cargas sobre el edificio que seguramente generarán mucho malestar con la propiedad", señala. A su juicio los promotores, Beachhaus Invest, compraron un solar que ya arrastraba esta reivindicación y conocían las condiciones que pesaban sobre él.

La plataforma interpreta que esa protección deberá quedar reflejada en la vida futura del inmueble. "Entiendo que en todas las escrituras de los pisos habrá una carga que dirá que ese inmueble forma parte de un lugar de memoria, condicionará las actividades del edificio y su accesibilidad", explica Vicens. En esa misma línea, recuerda que los lugares de memoria están sometidos por ley a un régimen de visitas, por lo que el espacio tendría que adaptarse a las medidas que se consideren oportunas.

Hay que recordar que los pisos ya se están comercializando a través de la inmobiliaria Kensington con precios que alcanzan los 2,4 millones de euros las viviendas más grandes.

Piden una "práctica restaurativa"

La derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica no debería ser un obstáculo porque, señala Vicens, cuando el solar se inscriba quedará bajo el paraguas normativo de la Ley estatal.

Sea cual sea el escenario que se plantee a partir de ahora, Amics de la Casa del Poble reclama responsabilidades políticas por el bloqueo sufrido durante estos años. "Planteamos que haya una práctica restaurativa", indica Vicens en relación al coste del proceso judicial que ha terminado por darles la razón. "La sentencia no impone costas, de modo que cada parte debe asumir sus propios gastos. Pero queda claro que la responsabilidad de todo este procedimiento es de la administración pública, por lo que hemos escrito a Yllanes para pedirle que se haga cargo de este gasto voluntariamente. Y si no, los responsables de su anterior equipo. Y si no, Francina Armengol", manifiesta.

"Si pagaran, demostrarían que asumen su responsabilidad política. Un tema muy importante que no está en la agenda de los medios ni de los partidos", sentencia.

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