La PAH acusa al alcalde de Palma de dejar a la gente en la calle "de centenares en centenares"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha reclamado este sábado una alternativa habitacional para las cerca de 80 personas que todavía residen en la antigua prisión de Palma y ha criticado al Ayuntamiento por afrontar el inminente desalojo sin ofrecer una solución para quienes viven en el recinto.

Representantes de la plataforma se han reunido durante la jornada con algunos de los moradores que aún permanecen en la antigua cárcel, muchos de ellos visiblemente nerviosos y afectados por la incertidumbre ante una intervención que puede producirse en cualquier momento. Durante el encuentro, varios residentes han explicado que no perciben ninguna prestación y que, aunque muchos trabajan, no pueden asumir los precios actuales del alquiler en Palma.

La PAH ha denunciado además la falta de información sobre la ejecución del desalojo. "Hay una falta de información que tiene a los que viven aquí en vilo", ha señalado la portavoz Ángela Pons, quien ha recordado que, al tratarse de una orden administrativa, la actuación puede producirse de forma inminente. La plataforma ha mostrado especial preocupación por las consecuencias que podría tener el despliegue policial previsto para el desalojo. Según ha advertido Pons, si durante la intervención se producen detenciones de personas en situación administrativa irregular, estas podrían perder la posibilidad de acogerse al proceso extraordinario de regularización. Por ello, ha recomendado a los residentes que tengan preparada toda la documentación disponible para cuando detecten movimientos relacionados con la operación.

Asimismo, la PAH ha vuelto a cargar contra el Ayuntamiento de Palma por no haber planteado una alternativa para las personas afectadas. "Esta gente se encontrará sin vivienda, debajo de un puente", ha lamentado Pons, quien ha sostenido que la preocupación principal debería centrarse en el futuro de las personas que pueden quedarse sin hogar. "La calle no es un lugar para nadie", ha añadido. La representante de la plataforma ha defendido que la mayoría de los residentes trabajan, pero no pueden acceder a una vivienda por los elevados precios del mercado. "La mayoría trabajan, pero no pueden pagar 1.800 euros de alquiler", ha afirmado.

En este sentido, la PAH ha pedido al juzgado que ha autorizado el desalojo que obligue al Ayuntamiento a cumplir con lo que, a su juicio, establece la legislación en estos casos y proporcione una alternativa habitacional a las personas afectadas. "De la misma forma que en cuatro horas se decidió el desalojo, le pido al juzgado que haga lo mismo y que se les dé una alternativa", ha recolamadoPons.

La activista también ha criticado el dispositivo previsto para ejecutar el desalojo. "El dinero que se han gastado en un dispositivo policial se lo podían haber gastado poniendo contenedores o habilitando espacios para mantener a esta gente hasta que hubiera una alternativa habitacional. En contra de esto, el Ayuntamiento de Palma optó por la medida más antidemocrática", ha sostenido.

La situación en la antigua prisión afronta así sus últimas semanas después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Palma autorizara la entrada y el desalojo forzoso de las personas que todavía permanecen en el recinto. La intervención, cuya fecha exacta aún no se ha comunicado, fue abordada esta semana en una Junta Local de Seguridad extraordinaria convocada por el Ayuntamiento ante los riesgos que presenta el inmueble.

Durante la comparecencia de este sábado, la PAH ha acusado además al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de dejar a la gente en la calle "de centenares en centenares" y ha advertido de que "después de la antigua prisión vendrá Son Bordoy", en referencia a otros posibles desalojos de asentamientos o espacios ocupados en la ciudad.

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