Responsables municipales y policiales diseñan el desalojo de la antigua cárcel de Palma a la espera de ponerle fecha

El desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma ha entrado en su fase decisiva. Una Junta Local de Seguridad extraordinaria celebrada este jueves en Cort ha abordado el dispositivo necesario para vaciar el recinto después de que el juzgado autorizara la intervención por el grave riesgo que supone para las personas que todavía permanecen en su interior.

El encuentro, presidido por el alcalde Jaime Martínez, se ha producido después de que la Junta de Govern elevara este miércoles el auto judicial dictado el pasado 29 de mayo, que avala el desalojo de los módulos de la antigua prisión dentro del proceso de recuperación posesoria iniciado por el Ayuntamiento en febrero. Los responsables municipales y policiales no han acordado una fecha para ejecutar el desalojo, aunque está previsto dentro de este mes de junio.

La principal decisión de la reunión ha sido encargar al jefe de la Policía Local de Palma y al jefe de la Policía Nacional la elaboración, en los próximos días, de una propuesta técnica conjunta para materializar esta intervención con "las máximas garantías de seguridad".

En la Junta han participado, entre otros, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal; el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; mandos de la Policía Local y de la Policía Nacional; representantes de la Guardia Civil y de la Dirección General de Emergencias e Interior. Todos ellos han coincidido, según el Ayuntamiento, en" la gravedad de la situación" del recinto y en el elevado riesgo que presenta tanto por las dificultades de evacuación como por la posibilidad de incendio.

El Consistorio sostiene que el auto judicial considera acreditada la existencia de "un riesgo real, grave y actual" para la vida y la integridad física de las personas que siguen dentro del inmueble, apoyándose en los informes emitidos por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias.

Tapiado del recinto

Mientras llega el día del desalojo, el Ayuntamiento asegura que los servicios sociales municipales mantendrán el acompañamiento y la atención a los afectados, facilitando información y acceso a los recursos disponibles en coordinación con el IMAS y el resto de administraciones y entidades implicadas. Al mismo tiempo, se mantendrá el dispositivo permanente de vigilancia que la Policía Local presta las 24 horas en el entorno del recinto, en colaboración con la Policía Nacional.

Una vez ejecutada la salida forzosa, Cort prevé tapiar, asegurar y cerrar definitivamente la antigua cárcel, además de reforzar la vigilancia con sistemas de videovigilancia para evitar nuevas ocupaciones. El Ayuntamiento quiere así recuperar un espacio municipal en el que proyecta construir viviendas dotacionales.

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