Autorización judicial exprés para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua cárcel de Palma

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Palma ha autorizado la entrada y desalojo forzoso de las últimas 80 personas que residen en la antigua prisión, intervención que se llevará a cabo este mes de junio en una fecha por determinar.

Así lo ha informado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una comparecencia este martes para dar cuenta del auto judicial dictado el pasado viernes en un tiempo récord, solo unas horas después que el Ayuntamiento solicitara el desalojo para recuperar la posesión de un inmueble que llegó a estar habitado por más de 200 personas.

Parte de esos ocupantes que ya se han marchado voluntariamente se han desplazado a la península y unos 45 han sido derivados a recursos asistenciales del IMAS. El alcalde ha descartado que las 80 personas restantes se dispersen por plazas, parques o se unan a otros asentamientos de la ciudad cuando se haya ejecutado su desalojo.

"El juez autorizó solo cuatro horas después de presentar toda la documentación. La presentamos a las doce y a las cinco de la tarde teníamos ya el auto en el que se nos daba la razón en todos los puntos", ha celebrado Martínez, al tiempo que ha señalado que este desalojo forzoso llega "después de haber agotado todas las vías administrativas y plazos legales" para que los ocupantes se marcharan voluntariamente.

A partir de esta resolución, este jueves se convocará una Junta Local de Seguridad Extraordinaria para planificar con la participación de la Delegación del Gobierno para coordinar y establecer una fecha para el desalojo.

Martínez ha puesto de manifiesto que el juez ha respaldado todos los informes municipales que hablan de riesgo para la integración física de las personas que residen en el inmueble por las malas condiciones en las que se encuentra. Asimismo, la resolución recoge los intentos del Consistorio por ofrecerles una alternativa habitacional. "El juzgado concluye que la entrada solicitada constituye una medida necesaria, adecuada y proporcional", ha subrayado el alcalde.

La actuación se enmarca en el procedimiento de recuperación posesoria iniciado por el Consistorio el pasado 27 de febrero respecto a este inmueble de titularidad municipal, a raíz de diversos informes técnicos, sanitarios y de seguridad que alertaban de un grave riesgo de incendio en el interior del recinto, así como del peligro que su estado supone para la integridad física tanto de las personas que lo ocupan como de los propios servicios de emergencia.

"El desalojo ya no es únicamente una propuesta del Consistorio, sino un mandato judicial" ,ha indicado el alcalde, y ha reiterado que los servicios sociales municipales seguirán a disposición de las personas afectadas para informarles y facilitarles el acceso a los recursos disponibles.

Aval judicial

En su auto, el juzgado considera acreditados todos los requisitos exigidos para autorizar la entrada en el inmueble. Entre otros aspectos, la resolución hace referencia a los informes emitidos por la Policía Local, el Servicio contra Incendios y Salvamento y las autoridades sanitarias, que ponen de manifiesto la existencia de un riesgo real, grave y actual para la vida y la integridad física de las personas que permanecen en el inmueble, así como las dificultades de evacuación derivadas de la configuración de la estructura y el elevado riesgo de incendio.

Hay que recordar que el Ayuntamiento tiene previsto desarrollar en los terrenos de la antigua cárcel un proyecto de viviendas dotacionales. Asimismo, el Consell planea construir en parte de esos terrenos una rotonda para acceder a la Vía de Cintura.