Cort pide autorización judicial para ejecutar el desalojo forzoso de la antigua prisión de Palma
El Ayuntamiento activa la vía de los tribunales para expulsar a los cerca de ochenta ocupantes que quedan en la instalación
Activado el desalojo judicial en la antigua cárcel de Palma. / B. Ramon
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La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles solicitar la autorización judicial de entrada para ejecutar de forma forzosa el desalojo de los módulos de la antigua prisión de Palma, una vez agotado el último plazo dado a los ocupantes para abandonar voluntariamente el recinto.
El paso supone acelerar la vía judicial dentro del procedimiento de recuperación posesoria iniciado por Cort el pasado 27 de febrero, después de que la Policía Local haya comprobado que todavía permanecen unas 80 personas en el interior de las instalaciones. El Consistorio no aventura cuánto tiempo tardará el juez en ordenar el desalojo.
Según ha explicado el Ayuntamiento, al inicio del procedimiento se identificó a 206 personas repartidas en los distintos módulos del antiguo centro penitenciario. Todas ellas fueron notificadas y dispusieron del plazo correspondiente para presentar alegaciones. Una vez analizadas y rechazadas, el Consistorio abrió un nuevo plazo de cinco días hábiles para que abandonaran el recinto por su cuenta.
El Ayuntamiento sostiene que toda esta actuación se apoya en informes técnicos y de seguridad que alertan de un grave riesgo de incendio en el interior de la antigua cárcel, así como del peligro que esa situación supone para la integridad física tanto de los ocupantes como de los servicios de emergencia que tendrían que intervenir en caso de incidente.
La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha defendido que durante todo el proceso los servicios sociales municipales han mantenido una atención continuada, ofreciendo información, acompañamiento y acceso a recursos disponibles en coordinación con otras administraciones.
Sin respuesta del Obispado
En ese marco, Cort asegura que 45 personas han sido derivadas a recursos del IMAS, entre ellos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral. Otros residentes se han ido a la península o están en prisión por diversas circunstancias. En cambio, ha informado de que a día de hoy el Obispado sigue sin haber ofrecido ningún recurso habitacional para los residentes que quedan allí.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento da un paso más para culminar el desalojo de un recinto que se había convertido en uno de los principales focos de conflicto social y de seguridad de la ciudad y deja ahora la siguiente decisión en manos del juzgado.
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