Podemos llevará a Fiscalía a Jaime Martínez por "obstaculizar" la regularización de migrantes en Palma
Lucía Muñoz acusa al alcalde de convertir la vulnerabilidad social en "un problema de seguridad"
Exige saber "quién dio la orden" de no reforzar la OAC Social ante el proceso de regularización de migrantes
Colas de migrantes ante la OAC de Santa Eulàlia. / B. Ramon
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La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha anunciado este lunes, durante el debate sobre el estado de la ciudad, que su formación llevará a la Fiscalía al alcalde, Jaime Martínez, por la supuesta obstaculización del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes en Palma.
Muñoz ha centrado buena parte de su intervención en denunciar lo que considera una política municipal de "expulsión" de las personas vulnerables. "Mientras esta ciudad depende de miles de trabajadores migrantes para sostener hoteles, restaurantes, cuidados, limpieza y construcción, su gobierno se dedicaba a poner obstáculos a la regularización", ha afirmado.
La edil ha acusado al equipo de gobierno de no reforzar los servicios sociales para atender los expedientes vinculados a la regularización extraordinaria y ha insistido en una pregunta: "¿Quién dio la orden?". Según Muñoz, Cort nunca ha aclarado quién decidió no ampliar los recursos municipales mientras "centenares de personas esperaban papeles para poder vivir con dignidad".
"Llevaremos este caso a Fiscalía porque es gravísimo que se hayan podido obstaculizar procesos de regularización de personas migrantes por decisiones políticas", ha señalado. La regidora ha subrayado que detrás de cada expediente había "una vida, una familia, una persona intentando salir de la precariedad".
"Código rojo"
Muñoz también ha criticado el uso de expresiones como "código rojo" para referirse a la atención de personas migrantes, al considerar que revelan "una manera de gobernar" basada en tratar la pobreza y la vulnerabilidad como un problema de orden público. "A ustedes no les molesta la migración; les molesta que las personas migrantes tengan derechos", ha lanzado al alcalde.
La intervención ha enlazado esta denuncia con otros conflictos sociales de Palma, como el desalojo de la antigua prisión, las bajas del padrón a personas sin hogar y los casos de familias sin agua en Concepció 22 y Pere Garau. Para Muñoz, todos estos episodios forman parte de un mismo modelo de ciudad: "Una Palma escaparate que expulsa a quien no puede pagar un alquiler imposible y a quien no encaja en su postal turística".
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