Inquilinos de un edificio de Pere Garau en Palma acusan a la propiedad de cortarles el agua para forzar su salida

Los vecinos de un edificio de la calle Capità Vila, a pocos metros de la plaza del Mercat de Pere Garau, denuncian "coacciones" del propietario del inmueble para que lo abandonen. Todos ellos son inquilinos, pagan alquileres de entre 550 y 600 euros al mes, y desde hace algunos meses están recibiendo cartas en las que se les informa de que sus contratos de arrendamiento no serán prorrogados y se les conmina a desalojar sus viviendas.

Desde hace dos semanas se ven obligados a hacer varios viajes al día a un punto de agua de Emaya cercano para llenar garrafas porque, denuncian, la propiedad les ha cortado el suministro para empujarles a abandonar el edificio. Y señalan que desde el jueves tampoco tienen luz en la escalera.

"Lo hemos denunciado a la Policía Nacional y ahora vamos a presentar otra denuncia en el juzgado", señala Damián, uno de los afectados, que cuentan con el asesoramiento de la PAH. Los vecinos responsabilizan de estos cortes a Sergio Cacho, propietario de una empresa de desokupaciones en Mallorca.

Cacho rechaza esa versión. "Es falso. Lo que hubo es un problema de contacto en el diferencial de las bombas. Es un tema de mantenimiento; no es lo mismo que se estropee algo a que alguien te lo corte", asegura. "Nosotros llevamos la parte jurídica por encargo del propietario del edificio, pero no hay ningún tipo de coacciones", añade.

El empresario defiende que su papel en este conflicto se reduce a "llevar papeles al juzgado" y trasladar a los inquilinos interesados que la propiedad ofrece la posibilidad de comprar los pisos "a precios por debajo del mercado".

Los vecinos viven con angustia todo este proceso. Son trece viviendas afectadas —dos de ellas están okupadas— y algunos de ellos llevan residiendo en el inmueble desde hace más de veinte años, a cambio de rentas que no superan los 600 euros, muy por debajo de los precios que marca el mercado del alquiler en Palma.

Se han organizado para tratar de ganar tiempo. Algunos se han acogido a la prórroga extraordinaria de los alquileres aprobada por el Gobierno, que permite extensiones automáticas de dos años más. En otros casos aún no ha llegado la carta de finalización de contrato y otros, como Esteban, la recibieron hace meses y, en teoría, ya deberían haber dejado su vivienda. "No sé qué voy a hacer, no existen alquileres de 550 euros en toda Palma y tampoco quiero dejar el barrio. Vivo aquí desde hace más de diez años. De momento les vamos a denunciar por cortarnos el agua", advierte.

Pere Garau, abonado a la especulación

Los residentes creen que detrás de todo está la intención de vaciar la finca para venderla a un fondo de inversión o reformar los pisos y colocarlos a precios mucho más altos. "Detrás de esto solo hay especulación, así de claro. Este barrio se ha encarecido mucho, todo lo que se reforma o se hace nuevo se vende por cantidades imposibles", afirma Damián.

Osvaldo, otro de los inquilinos, resume el clima de impotencia que se vive en el inmueble. "Aquí viven muchos menores, y un hombre tiene los pies amputados. ¿Dónde quieren que vaya? Y encima nos han cortado el agua. Es un trato inhumano", lamenta.

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