Más de cien personas abandonan la antigua cárcel de Palma a días de activarse el desahucio judicial

El Ayuntamiento de Palma ha constado que más de un centenar de personas han abandonado voluntariamente la antigua cárcel situada en la calle Alfons el Magnànim. El alcalde, Jaime Martínez, ha celebrado que a día de hoy, finalizado el plazo de alegaciones contra su desalojo, quedan 101 personas habitando el inmueble en condiciones insalubres. El censo llevado a cabo por el Consistorio en febrero llegó a situar la ocupación en 226 personas, aunque después se corrigió a la baja y se cifró en 208 residentes.

Martínez ha detallado que el Ayuntamiento ha practicado 101 notificaciones presenciales a las personas que siguen entrando y saliendo habitualmente del recinto, trámite que ha finalizado este lunes. A partir de este momento, estas personas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para abandonar voluntariamente el recinto. En paralelo, las otras 107 personas no localizadas tras dos intentos serán emplazadas a través del BOE, también con cinco días para irse. La publicación está prevista para la próxima semana.

Una vez completado ese trámite, Cort enviará el expediente al juzgado para solicitar el desalojo judicial de quienes permanezcan allí. El alcalde ha avanzado que previsiblemente ese paso se dará a finales de mayo. A partir de ese momento el calendario para ejecutar el desalojo dependerá de la valoración que haga el juez. "Puede ser inminente o puede llevar más tiempo", ha indicado Martínez.

Según ha indicado el primer edil, 45 de ese centenar de personas que ya no viven en la antigua cárcel han aceptado derivaciones a recursos del IMAS, incluidos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral. Otros, ha indicado Martínez, se han ido a la península y ha dejado la puerta abierta a que una parte de ellos hayan recibido ayuda para pagar el billete. "Todos los que se han ido de Palma lo han hecho voluntariamente. Puede que algunos hayan recibido algún tipo de ayuda", ha señalado.

Pese a este centenar de salidas, Cort asegura que no le consta la aparición de nuevos asentamientos en Palma ni que estas personas se hayan incorporado a otros ya existentes. Martínez ha afirmado que el Ayuntamiento mantiene "un control exhaustivo" sobre los asentamientos de la ciudad y que, hasta ahora, "no se ha identificado nada extraordinario" derivado de este proceso.

El alcalde ha defendido que las alegaciones presentadas por los ocupantes de la antigua cárcel se han desestimado porque "no desvirtúan los motivos de seguridad que fundamentan esta actuación". Según ha dicho, los informes técnicos, sanitarios y de seguridad acreditan "un riesgo real" tanto para las personas que viven dentro como para los servicios de emergencia que tienen que intervenir. En este sentido, ha insistido en que los bomberos alertan de "riesgo muy elevado de incendio" y de atrapamiento por la existencia de galerías cerradas y espacios estancos que dificultan la evacuación.

Apelación a Pedro Sánchez

Martínez ha subrayado además que el deterioro del recinto ha generado un importante coste público. Ha cifrado en 4.100 euros diarios el gasto del control de accesos y ha recordado que en 2025 los Bomberos de Palma intervinieron 49 veces en el interior. También ha señalado que existen grandes acumulaciones de residuos, presencia de roedores y riesgo de transmisión de enfermedades. "No actuar sería una absoluta irresponsabilidad", ha resumido.

Cort cifra en un 70% los residentes en la antigua prisión que son extranjeros en situación irregular. En este sentido, ha vuelto a reclamar ayuda al Gobierno central y ha criticado su política migratoria asegurando que Palma "está asumiendo prácticamente en solitario un importante impacto social, económico y operativo derivado de una problemática que excede claramente las competencias municipales".

"Estamos ante una situación que no tendríamos si existiesen políticas migratorias adecuadas y una mayor implicación del Gobierno de Pedro Sánchez. Cort está haciendo mucho más de lo que le corresponde dentro de sus competencias municipales", ha señalado el primer edil, quien ha reclamado"“más recursos y soluciones" por parte del Ejecutivo central y ha insistido en la necesidad de establecer mecanismos eficaces de coordinación y actuación ante la llegada de personas en situación irregular.

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