Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés

El caso de las gasolineras de la avenida Gabriel Alomar i Villalonga y de la plaza Progrés que operan con la concesión caducada desde 2008 acabará en la Fiscalía Anticorrupción si el Ayuntamiento no fuerza su cierre de inmediato. El propietario de la estación de la calle Manuel Azaña, competidora directa de la de Gabriel Alomar, considera que el Consistorio podría estar incurriendo en un delito de prevaricación por su prolongada inacción y acudirá a la justicia si no las desmantela.

La propiedad de la gasolinera de Manuel Azaña, representada por Mateo Juan y Roser Servera, de Buades Legal, sostiene que Cort está permitiendo que ambas instalaciones sigan funcionando pese a que existe desde hace años un expediente para que recupere la posesión del suelo que ocupan. Y su indignación ha crecido al tener acceso al expediente y constatar el importe de las multas coercitivas que el propietario de las gasolineras de Gabriel Alomar y Progrés ha estado pagando a Cort.

En los últimos tres años las dos estaciones únicamente han abonado 716.000 euros en sanciones, una cifra que consideran muy baja en comparación con los ingresos diarios de dos negocios muy concurridos. Recuerdan además que al principio las multas ascendían a 27.000 euros en el caso de Gabriel Alomar y 7.000 euros en el de plaza Progrés, pero después se rebajaron a 4.000 y 2.900 euros, respectivamente. Cort pretextó entonces que el suelo sobre el que se asientan es terciario y no residencial, y por tanto con menor valor.

Mateo Juan subraya que existe "un problema jurídico de base" porque el planeamiento urbanístico actual no permite una gasolinera en esos emplazamientos. "O cambias el plan, o las desmantelas, o sacas una nueva concesión. Pero el Ayuntamiento no hace ni una cosa, ni la otra", afirma. "La multa coercitiva no es el fin en sí mismo, es una herramienta para forzar a alguien a que cumpla una norma", añade.

Hay que recordar que el expediente de recuperación posesoria se inició en diciembre de 2020. Fue recurrido, caducó por una mala tramitación y tuvo que reiniciarse en marzo de 2022. En octubre de ese mismo año se resolvió el desahucio administrativo en un plazo de ocho días. Sin embargo, más de tres años después ambas gasolineras siguen abiertas.

Para el abogado, la situación ya no puede explicarse únicamente por un problema de inacción administrativa. "El Ayuntamiento les ha puesto multas coercitivas, pero no les están obligando a cerrar", manifiesta. "Esto en derecho se conoce como fraude de ley porque las sanciones deberían servir para provocar un asfixio económico que obligara al cierre, pero en la práctica son tan bajas que permiten que las estaciones continúen operando. Hay una decisión consciente de poner multas de dos mil euros y de perpetuar esta situación. Para mí esto cuando menos podría llegar a ser un delito de prevaricación", destaca Juan.

Sin pagar el canon desde 1985

Del mismo modo, expresa su sorpresa porque al tener acceso al expediente (con la intervención del Consejo de Transparencia) ha comprobado que las dos estaciones, además de tener la concesión caducada desde 2008, "no pagan canon desde 1985, hace 40 años".

La propiedad de la gasolinera de Manuel Azaña remitirá ahora un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de que, si no ejecuta el cierre, llevará el caso ante Anticorrupción. A su juicio, "o actúan o ya tenemos que hablar de una decisión consciente de cometer un fraude de ley".

Hay que recordar que, en paralelo, han puesto un recurso ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) para que investigue si el Consistorio está promoviendo una competencia desleal.

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